Como se recuerda, las FFAA y la PNP intervinieron para impedir que las hordas violentas destruyeran aeropuertos, instalaciones públicas y privadas, paralizaran el país bloqueando carreteras, etc. Entre los locales vandalizados estuvieron oficinas fiscales y judiciales, además de comisarías.

Cuando las fuerzas del orden no hicieron uso de sus armas, fueron asesinados o heridos, como en Ilave, donde murieron 6 soldados, o en Juliaca, donde el policía José Luis Soncco fue bárbaramente masacrado.

No obstante, ahora los fiscales pretenden enviar a prisión a militares y policías que salvaron al  Perú de caer en manos del terrorismo y el crimen organizado que financiaba los disturbios, enviando un mensaje a las fuerzas del orden: la próxima vez no actúen, dejen que los violentos asalten el gobierno.

Por supuesto, no es novedad este desempeño canallesco del sistema judicial. La semana pasada me reuní con policías, abogados y familiares de miembros de la PNP investigados, procesados y sentenciados injustamente por haberse enfrentado a delincuentes comunes y terroristas.

Otro caso indignante es el del coronel PNP (r) Augusto López y otros policías, que ahora están procesados por la fiscalía. El 12 de junio de 1993, perseguían en Comas a un terrorista que, en su huida, asesinó a un civil y disparó a un policía que sobrevivió porque tenía chaleco antibalas. Poco después lo capturaron y Juan Aranda fue sentenciado a 30 años de prisión.

En 2015, el terrorista se quejó ante la CIDH aduciendo que cuando lo detuvieron, los entonces efectivos de la Dircote lo torturaron. Ahora los policías están procesados.

Hoy día, la Defensoría del Policía (oficina que creé en 2002), dirigida por el general (r) Máximo Ramírez, está cumpliendo su función de proteger a los policías, al igual que el ministro del Interior. Eso está muy bien, es un avance. Pero no basta.

Se requieren soluciones radicales para limpiar el sistema judicial de magistrados prevaricadores, obsesionados con acosar a las fuerzas del orden y proteger a delincuentes.