Desde hace más de dos décadas, cada cierto tiempo, el asesino de policías Antauro Humala, aparece en escena, siempre por motivos abominables. Esta vez, como socio político del congresista Roberto Sánchez.

Sánchez representa a la izquierda más extrema, a los herederos y seguidores de Sendero Luminoso y el MRTA. De hecho, en sus listas parlamentarias hay no solo simpatizantes de esos grupos terroristas, sino antiguos participantes en las fechorías violentas que ensangrentaron al Perú desde 1980.

Está asociado íntimamente con el golpista Pedro Castillo -de quien fue ministro y estrecho colaborador-, que el 7 de diciembre de 2022 intentó imponer una dictadura chavista en el Perú, cosa que impidieron las FFAA, la PNP y el Congreso.

El asunto es que Sánchez entregaría precisamente la conducción de las FFAA y PNP al desquiciado Antauro Humala, a un criminal que se sigue jactado de haber asesinado a sangre fría a 4 jóvenes que cumplían su función policial.

La lucha contra la delincuencia en manos de un malhechor. Así es la izquierda.

Otrosí digo. El Congreso sancionó nuevamente a la ex fiscal Delia Espinoza con una inhabilitación de diez años para ejercer cargos públicos. Lo hizo con una mayoría calificada -como exige el reglamento-, de dos tercios: 70 a favor, 18 en contra y 2 abstenciones (no votan los 30 miembros de la Comisión Permanente).

Toda la mafia caviar izquierdista ha chillado por esa justificada sanción, porque Espinoza fue su instrumento político para atacar a sus adversarios, usando ilegal e ilegítimamente el cargo que detentaba.

La sanción, en esta ocasión, fue porque Espinoza acusó a TODOS los miembros de la Comisión de Defensa del Congreso que votaron a favor de un proyecto de ley.

Como se sabe, desde los orígenes mismos de la institución parlamentaria, hace siglos en Inglaterra, sus integrantes no pueden ser perseguidos por sus votos ni por sus opiniones. Si eso se permitiera, los congresistas no podrían votar ni opinar libremente, porque tendrían una espada de Damocles sobre sus cabezas.

La Constitución vigente recoge ese principio universal: “Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.” (Art. 93).

A pesar de la claridad del texto, violando flagrantemente la Constitución, Espinoza acusó a parlamentarios de muchas bancadas distintas, por haber votado en un sentido que a ella no le gustaba. Por eso el Congreso la ha sancionado nuevamente, como también hizo en ocasión anterior, y como procedió igualmente la Junta Nacional de Justicia por otra de las tantas ilegalidades que cometió en su breve y nefasto paso por la fiscalía de la Nación.

El año pasado Espinoza me querelló por haber opinado sobre ella. Y una juez me sentenció a 9 meses de prisión y una reparación exorbitante por opinar, violando también el artículo 93 de la Constitución. El caso está en apelación.