La semana pasada visité los organismos estatales encargados de prevenir y atender las consecuencias de un probable fenómeno del Niño en el Perú. Y sus previsiones son muy preocupantes.

​En síntesis, dicen que se prevé un fenómeno de julio a setiembre de este año, que se moderaría entre octubre y fin de año. Y un niño muy fuerte en el verano de 2027.

​El CENEPRED, es el encargado de prevenir los riesgos y el INDECI es el que atiende los desastres cuando se han producido.

​En este caso, ambos organismos se atienen a las mediciones y previsiones de instituciones internacionales y nacionales que monitorean el clima en todo el mundo. Y es un hecho que hoy día el mar frente a la costa peruana está mucho más caliente que lo normal en esta época.

​Eso ya tiene consecuencias económicas, por ejemplo, sobre la pesca de anchoveta, que está afectando a la industria.

​Pero si se cumplen los pronósticos que manejan ahora las instituciones mencionadas, tendríamos un problema gravísimo en los próximos meses: inundaciones desde Tumbes hasta Ica y sequía en el sur.

​Ahora hay 1,180 distritos declarados en emergencia por el peligro inminente de daños asociados a lluvias intensas, que son los que históricamente presentan eseriesgo.

​Ante esa emergencia, los primeros que tienen intervenir son los municipios distritales, en segundo lugar,los provinciales y luego los gobiernos regionales. Finalmente, el gobierno central.

​El asunto es que ni los municipios ni los gobiernos regionales han adoptado las medidas de prevención necesarias. Solo 5 gobiernos regionales (de 25) tienen planes de gestión reactiva. Y solo 22 municipios provinciales (de 196) y 136 distritales (de 1,695).

​El stock de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) que tienen los gobiernos regionales para atender una emergencia son insuficientes. Estos bienes son alimentarios y no alimentarios (carpas, frazadas, etc.).

​Los BAH alimentarios en los 25 gobiernos regionales son apenas 335 toneladas y en algunos departamentos como Tumbes y Piura, cero.

​En el 2023 se compraron más de mil máquinas amarillas que deberían servir para descolmatar ríos y preparar defensas, pero hasta ahora no se están haciendo los trabajos indispensables que la emergencia requiere.

​Los gobiernos subnacionales no están usando los fondos que la emergencia les permite utilizar para la prevención. El problema es que alcaldes y gobernadores se van el 31 de diciembre y, como no hay reelección, ninguno seguirá en el cargo. Y el 1 de enero ingresarán los nuevos, con todo lo que eso implica.

​Por supuesto, ahora veremos nuevamente críticas al centralismo limeño y, paradójicamente, exigencias al Gobierno nacional para que resuelva los problemas que los gobiernos municipales y regionales no están asumiendo.

​Es hora, por tanto, de trabajar en conjunto, a todos los niveles del Estado, para prevenir los efectos de un fenómeno que podría causar daños inmensos.

​Otrosí digo. Unos de los pocos escépticos es Farid Matuk, que no cree en esos pronósticos.