Autoría mediata
La semana pasada, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional absolvió al coronel EP (r) Arnulfo Edmundo Arévalo Torres (89 años) y al general EP (r) Heber Hernán Aguilar Díaz (78 años), acusados de homicidio por un hecho ocurrido en julio de 1983 en Cangallo, Ayacucho.
En ese entonces, el comandante Arnulfo Arévalo dirigía el Batallón de Ingeniería N.º 512, estacionado en Cangallo, y el mayor Heber Aguilar era el segundo del Batallón de Infantería N.º 43 (el jefe del Batallón en ese momento ya falleció, por eso culpan al siguiente en la jerarquía).
Según la acusación de la Fiscalía a los militares, la “estrategia contrasubversiva diseñada por el aparato militar estatal” consistía en detener a personas que “eran interrogadas, torturadas (…) y, la mayoría de ellas, eran finalmente desaparecidas o asesinadas”.
Como se puede apreciar, la Fiscalía utiliza los mismos conceptos y el mismo lenguaje de Sendero Luminoso y las ONG defensoras de terroristas.
Luego el fiscal acusa al entonces comandante Arévalo en “calidad de autor mediato, por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizados, haber ejecutado operaciones destinadas a la detención y eliminación de personas sospechosas de pertenecer, simpatizar y/o colaborar” con SL. Idéntica acusación hace al mayor Aguilar.
La Fiscalía acusa a ambos de la muerte de dos personas presuntamente ejecutadas por militares y pide 20 años de prisión. Y, la madre del cordero, 400 000 de reparación civil que será pagada por los acusados y el Ministerio de Defensa.
Ese es el incentivo perverso con que las ONG, abogados y organismos generados de SL inducen a personas que han perdido familiares a presentar acusaciones y a señalar a militares y policías como los autores de crímenes. Si los culpables de las muertes son los terroristas, nadie pagará nada. Si son las FF. AA. o la PNP, hay jugosas indemnizaciones.
El asunto es que, durante décadas, fiscales y jueces han utilizado la “autoría mediata” para sentenciar injustamente a militares y policías que derrotaron al terrorismo sin prueba alguna.
Como en el caso que nos ocupa, los oficiales imputados ocupaban puestos de mando en la jerarquía militar de aquel entonces, pero la Fiscalía no pudo demostrar que ellos hubieran dado la orden de detener y matar a dos personas.
En este caso, los jueces Zaida Catalina Pérez Escalante, Liliana Marisol Lizárraga Arqueros y Cristhian Genaro Alfaro Cáceres han actuado correctamente, absolviendo a los militares.
Pero hay decenas de otros casos en los que jueces prevaricadores les dan la razón a fiscales inmorales que, siguiendo los dictados de ONG defensoras de terroristas, acusan sin evidencia alguna y arrojan a la cárcel a quienes derrotaron al terrorismo.
La Fiscalía se queja todo el tiempo de falta de recursos. No obstante, dedica muchísimos de esos escasos recursos a perseguir injustamente a militares y policías, mientras la delincuencia avanza imparable.
Y a los fiscales prevaricadores no les pasa nada. Siempre quedan impunes y siguen cometiendo tropelías.
¡Se requieren soluciones radicales!
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