Conocido el resultado de la segunda vuelta, muchos se han apresurado a recomendar hacer muchas obras en el sur -y en otras zonas- para cambiar esa persistente tendencia del voto a favor de opciones de izquierda radical. Es un error. Se pueden hacer todas las obras imaginables y esa corriente no cambiará porque el problema no es la falta de hospitales o carreteras, sino las ideas.

​Es decir, sin duda hay que construir infraestructura en muchos lugares del país. Hay que hacerlo. Pero no se trata de priorizar una u otra región en función de criterios político electorales porque, además de ser injusto con otros sitios, es inútil.

​Una carta de una puneña publicada por César Campos en Expreso (28/6/26) precisa uno de los problemas:

​“Los miles de empresarios informales simplemente no son empresarios. Son parte del pueblo ‘sufrido y excluido del sistema’, aunque movilicen millones de dólares en mercadería ilegal, tengan flota de buses, camiones, tráileres, maquinaria pesada; usufructúen yacimientos mineros informales, cocales, cafetales, tiendas y mercados, casas de cambio, cientos de tiendas de computadoras y teléfonos, inmensas ferreterías no solo en Puno, sino también en Arequipa, Tacna, Moquegua, Madre de Dios y Cusco, llegando incluso hasta La Paz, Río y Sao Paulo. Ser quechua o aimara es garantía de contar con una patente étnica para todo lo permitido y legal, pero también, y sobre todo, para lo ilegal e informal que se pueda hacer”.

​Como puede apreciarse, se trata de una construcción ideológica para justificar la ilegalidad. El rechazo al “centralismo limeño” es un repudio al Estado para disculpar la informalidad y la trasgresión.

​Esas ideas se repiten diariamente, a toda hora, en los medios de comunicación, estrechamente vinculados a los gobiernos regionales y municipales. Y es el discurso de las autoridades que evaden su responsabilidad en la gestión culpando al “centralismo”. Nunca nadie responde a ese discurso que ocupa el cien por cien del espacio. Y si alguien lo hace, pueden lapidarlo.

​Iván Arenas ha analizado tres provincias mineras donde Roberto Sánchez ganó abrumadoramente (de 72% a 94%): Huaraz, Cotabambas y Chumbivilcas. Y luego muestra que la pobreza disminuyó espectacularmente entre 2011 y 2024 en esos mismos lugares, donde ha crecido una amplia y próspera clase media y hay un número considerable de ricos. (El Comercio, 16/6/26).  

​Esa prosperidad se explica por la gran minería formal, a la que los comunistas como Sánchez, atacan persistentemente y amenazan con destruir.

​Pero las ideas anti minería legal se transmiten desde la escuela a través de maestros ideologizados, de los discursos de los líderes y de la amplia red de medios de comunicación locales, donde no se admite la disidencia en estos temas.

​En suma, estamos ante asuntos complejos, pero la realidad muestra que no se trata de obras, o reducción de la pobreza, o crecimiento económico. Las ideas -y la política- son factores decisivos.