Actualmente 1,323 policías y militares están involucrados en las investigaciones de la fiscalía por los sucesos de 2022 y 2023, donde turbas violentas, azuzadas por terroristas y financiadas por economías ilegales, trataron de reponer en el gobierno al golpista Pedro Castillo, para imponer una dictadura como la de Venezuela o Cuba.

​De no haber sido por la PNP y las FFAA, hoy estaríamos sufriendo un régimen despótico y corrupto, con miles huyendo del país, la economía arruinada y el futuro destruido probablemente por décadas. No es especulación, porque eso es exactamente lo que dijo que haría el delincuente que ocupaba Palacio, el 7 de diciembre de 2022.

​Ellos intentaron, en una escala mucho mayor, repetir su triunfante experiencia de noviembre de 2020, cuando movilizando a unos cientos de violentos, y asesinando a dos delincuentes juveniles, con el respaldo casi unánime de los medios de comunicación y de los grandes grupos empresariales, pudieron derrocar a Manuel Merino y Ántero Flores Aráoz e instalar en el Gobierno a Francisco Sagasti -y en el Congreso a Mirtha Vásquez-, abriendo así el camino para que Castillo y su banda se hicieran del poder.

​Como ha ocurrido otras veces en la historia reciente, pocos agradecen a las fuerzas del orden el haber salvado al país y a 37 millones de peruanos de caer bajo el yugo del socialismo del siglo XXI. No solo no agradecen, sino muchas veces dejan avanzar, con exquisitos y rebuscados argumentos jurídicos, la implacable persecución orquestada por la mafia caviar, entronizada en el sistema judicial.

​Así, desde un cómodo escritorio, pontifican sobre la imposibilidad de detener esa injusta persecución, con una ley de amnistía.

​Algunos, por ejemplo, dicen que hay que ir caso por caso, cuando la prevaricadora fiscalía hace todo lo contrario, acusa en bulto.

​En la PNP hay, hasta el momento, 348 imputados en 83 carpetas fiscales y 926 convocados como testigos. Como todos saben en las fuerzas del orden, el ser llamado como testigo, es el primer paso para luego pasar a la categoría de investigado, y después acusado. En el Ejército hay 49 imputados en 3 carpetas fiscales.

​Aquellos que se oponen a una amnistía, no ofrecen ninguna alternativa. Es decir, todos esos policías y militares verán sus carreras arruinadas, con el inenarrable sufrimiento de ellos y sus familias. Durante años serán maltratados en procesos interminables. Muchos se arruinarán pagando abogados. Si por casualidad algunos consiguen que sus procesos sean archivados, sus casos serán reabiertos una y otra vez(como El Frontón). Y otros irán a prisión.

​Mientras tanto, desde su gabinete, algunos expertos -y muchos ignorantes-, seguirán argumentando que policías militares hagan lo imposible: demostrar su inocencia (así de absurda es la “justicia” peruana) ante fiscales y jueces caviarizados, prejuiciosos y prevaricadores.

​No hay otra posibilidad que una ley de amnistía para ellos. ¿O alguien tiene una propuesta viable distinta? Escuchamos.

​En cuanto al sistema judicial, se necesita no solo una reforma, se requieren soluciones radicales.