Todo indica que, con la conducción de la nueva fiscal de la Nación, Delia Espinoza, las cosas irán igual o peor en el desacreditado Ministerio Público.

​Sus primeras acciones así lo indican. Ha anunciado que continuará la campaña contra la ley que devuelve la investigación preliminar a la policía, como era antes y como es en todos los países civilizados del mundo.

​Como se sabe, una de las principales razones del descontrolado aumento de la criminalidad, fue la absurda decisión, promovida por la mafia caviar, de quitar a esa atribución a la PNP, con los resultados que estamos sufriendo todos los peruanos.

​Espinoza presentará una demanda ante el Tribunal Constitucional. Está en su derecho y es el camino legal si quiere impugnar la ley. Lo que es inconstitucional es lo que hizo hace poco con los otros fiscales supremos: advertir que desacatarían la ley y promulgar un reglamento incitando a todos los fiscales a no aplicarla.

​Por eso hemos denunciado constitucionalmente, con José Cueto y Alfredo Azurín, a Espinoza y todos los fiscales supremos que cometieron ese atropello.

​Un gesto simbólico de Espinoza, que retrata su intolerancia y obcecación, es que para su juramentación no invitó a la presidente de la República ni al del Congreso. Una cosa es que pueda discrepar o tener malas relaciones personales, y otra muy distinta es esa clase de muecas que enturbian innecesariamente las ya complicadas relaciones entre autoridades.

​Además, por supuesto, que sigue alentando a los fiscales que violan la ley que precisa los alcances de la lesa humanidad, que continúan persiguiendo y encarcelando a militares y policías que derrotaron al terrorismo.

​En suma, una mala noticia para la inmensa mayoría de peruanos. Y una buena noticia para los delincuentes y herederos y cómplices del terrorismo.

​Otrosí digo. Caviares, antauristas, mineros ilegales y otros grupos delincuenciales han anunciado, ruidosa y estrepitosamente, que buscan hacer fracasar la reunión de APEC esta semana.

​Quieren promover manifestaciones violentas como las de noviembre de 2020 o las que pretendieron restaurar en el poder a Pedro Castillo desde diciembre de 2022. Es decir, asonadas con muertos y heridos que, en este caso, proyectarían la imagen de un país ingobernable, sumido en el caos.

​Para este evento, en el que se ha anunciado la participación de los gobernantes de EE.UU., China y varios otros importantes países, vendrán al Perú miles de empresarios, periodistas y altos funcionarios.

​Este despropósito tiene como objetivo derrocar a Dina Boluarte y colocar en el gobierno a alguien como el nefasto Francisco Sagasti, que precisamente posibilitó que Castillo y Boluarte se instalaran en Palacio.

​Si para ello perjudican al país, no les importa. Si disuaden a los ya preocupados empresarios de invertir en el Perú, impidiendo que se creen empleos, no interesa.

​De hecho, ya se ha afectado a todos, obligando al Gobierno a decretar feriados, cierre de escuelas y oficinas públicas, etc.

​Es indispensable acabar con esa funesta coalición para superar esta inacabable crisis.