Una fiscalía de Derechos Humanos (que solo defiende los DDHH de terroristas y delincuentes) ha pedido 35 años de prisión para el ex comandante general de la Policía Nacional (r) Raúl Alfaro, los generales PNP (r) Jorge Angulo y Luis Flores –ex jefe de la región policial Apurímac– y para los jefes de la División de Orden Público y Seguridad de Abancay, VictorSifuentes y Rodolfo Porfirio; también para los policías José Calatayud, Rolando Taracaya, David Chapa, Joel Cabrera, William Pomasunco, Daniel Pocco, Max Cuélla y Nobel Inca.

​Los acusa de la muerte de un manifestante en Apurímac en febrero de 2023, cuando turbas violentas, alentadas por terroristas y financiadas por economías ilegales, intentaron reponer en el Gobierno al golpista Pedro Castillo para instaurar en el Perú una corrupta dictadura como las de Venezuela y Cuba.

​También se requirió 33 años y seis meses de cárcel para Jhemmy Jáuregui y Edu Rivera, y 30 años de prisión para Wilfredo Oscco. A ellos se les acusa por los delitos de tentativa de homicidio calificado, exposición a peligro de persona dependiente y omisión de socorro.

​La autora de esta monstruosidad es la fiscal Elizabeth Quispe Palma, que supuestamente realizó la investigación.Andrés Ángel Montoya Mendoza es el Fiscal Superior Titular y Coordinador Nacional de las Fiscalías Penales SupraprovincialesEspecializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, que perpetra el cruel y bárbaro atropello contra la legalidad y los derechos humanos de los policías.

​Como es obvio, esa fiscal no realizó ninguna investigación seria. Solamente por el odio que profesa a la policía y su simpatía por los violentos que trataron de instalar una dictadura comunista en el Perú, ha sido capaz de cometer semejante injusticia.

​Porque en el supuesto no demostrado que la PNP hubiera cometido un error o exceso al repeler a los violentos que la atacaban, se debía determinar con precisión e individualizar al responsable. Y el grado de culpabilidad.

​Pero esa fiscal pro terrorista no ha hecho eso, por supuesto. Ha involucrado EN BLOQUE a más de quince personas, desde los policías que estuvieron presentes, defendiendo los activos críticos del Perú y su propia vida, hasta el comandante general de la PNP, pasando por el jefe de región, etc.

​Y el fiscal jefe de esas nefastas fiscalías de DDHH (solo defensoras de delincuentes y terroristas) ha hecho suya la acusación.

​El fiscal de la Nación debería hacer algo.

​Los policías que salvaron al Perú de caer en las garras del comunismo en esa ocasión, se verán sometidos a la tortura de interminables interrogatorios, audiencias y trámites. Las carreras de los que están en actividad cuestionadas o arruinadas. Y este es solo UNO de los incontables procesos contra cientos de policías y militares.

​Por si fuera poco, el Ministerio del Interior no está cumpliendo con pagar a los abogados, como corresponde, y los policías tienen que asumir las cuentas.

​Se requieren soluciones radicales. Hay que reformar y BARRER el sistema judicial.