No es casualidad que los mismos congresistas y políticos que proponen aumentar sueldos y beneficios sociales a trabajadores estatales, crear universidades en cada provincia y distrito del Perú y, en general, aumentar irrestrictamente los gastos del Estado, son los que constantemente están tratando de impedir o frenar la inversión privada y perjudicar a las empresas formales, sobre todo a las grandes, que son las que pagan impuestos que financian esos gastos.

​Es decir, estimulan dos políticas contradictorias: quieren que se gaste más y a la vez que se restrinjan los ingresos.

​Por supuesto, es necesario aumentar los sueldos, otorgar beneficios y mejorar la situación de los trabajadores, que en la mayoría de los casos tienen salarios precarios y servicios de poca calidad.

​Pero para eso se necesita aumentar la inversión privada y la productividad. El presupuesto nacional, que el año 2026 asciende a más de 250 mil millones de soles,se financia sobre todo con los tributos que pagan las grandes empresas. Con un 70% de informalidad, aproximadamente, los ingresos del Estado se sostienen con los impuestos que pagan las empresas privadas y un porcentaje reducido de personas naturales.

​En el Congreso, por ejemplo, aquellos que han presentado centenares de proyectos que, inconstitucionalmente, incrementan el gasto público, son los mismos que han propuesto otros tantos proyectos de ley para frenar o liquidar la inversión privada. Prohibiciones para explorar y explotar recursos mineros con el pretexto de las cabeceras de cuenca, los glaciares y la protección del medio ambiente, proliferan en las comisiones.

​Al mismo tiempo apoyan descaradamente a la minería ilegal, que no paga impuestos y que contribuye decisivamente al aumento de la inseguridad y la delincuencia.

​Igualmente, buscan gravar con más tributos a las empresas y personas, desincentivando la inversión privada.

​Simultáneamente, quieren desarrollar las empresas estatales, como Petroperú, por ejemplo, que pierden miles de millones en elefantes blancos como la refinería de Talara y albergan a muchos trabajadores improductivos con beneficios inmensamente superiores a los que, esos mismos políticos, dicen representar y proteger, como maestros, trabajadores de salud, etc.

​En síntesis, la peor de las demagogias, con propuestas contradictorias entre sí: más gastos con menos ingresos.

​Otrosí digo. El esbirro policial de la mafia caviar ha tenido el increíble desparpajo de denunciar a la Policía Nacional por, supuestamente, estarlo vigilando. Como el esbirro, al parecer, sigue manejando la Diviac –la corrupta policía política que dirigió irregularmente por años–, esa unidad detuvo a un policía que estaba realizando un trabajo de inteligencia contra un grupo criminal. Lo hicieron sin reportar el incidente.

​La PNP ha calificado las denuncias del esbirro como “falsas, tendenciosas y malintencionadas”.

​Esta maniobra publicitaria se produce cuando Expreso y Willax TV están investigando los descomunales presupuestos que manejó el esbirro en la Diviac, de manera irregular. Una división que dispuso de diez, doce y catorce millones de soles al año para gastos reservados, como nunca antes -ni después- ha tenido una unidad de ese rango.