Ha hecho bien el Gobierno en rechazar la ilegal intromisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en temas que son competencia exclusiva de los poderes del Estado democráticamente elegidos.

​La CIDH pretende cuestionar la potestad que tiene el Congreso para aprobar leyes y el Gobierno para promulgarlas. Específicamente la CIDH, en un acto de prepotencia inaudito, intenta evitar que se ponga en vigencia la ley de amnistía para militares, policías y CAD que derrotaron al terrorismo entre 1980 y 2000.

​Como se sabe, el caviarizado sistema judicial sigue persiguiendo implacablemente a los miembros de las fuerzas del orden por supuestos delitos cometidos hace 30 o 40 años. Esta interminable cacería es ilegal, porque esos hechos, en el caso de haber ocurrido, ya prescribieron. Pero magistrados prevaricadores no aplican la Constitución ni la ley 32107, que precisa los alcances de la lesa humanidad.

​Por eso ha sido necesario que el Congreso apruebe la ley de amnistía. No obstante, la presidente del Poder Judicial (PJ), ya se pronunció, exhortando a los jueces a desacatar también esa ley todavía no promulgada.

​Ella actúa en complicidad con las ONG defensoras de delincuentes y terroristas que, apenas se aprobó la ley en el Congreso, manifestaron que no seguirían el único camino legal, impugnar la ley ante el Tribunal Constitucional, sino que conminarían al Poder Judicial a no acatar la ley.

​Así, la mafia caviar –cuya existencia niega todos los días la mafia caviar-, asentada en ONG y el sistema judicial, actúa en sincronizado contubernio para cumplir sus objetivos políticos.

​Es indispensable que el Gobierno promulgue de una vez la ley de amnistía y que inicie los procedimientos para sacar al Perú de la CIDH, convertida en un organismo pro terrorista, enemiga de las fuerzas del orden e insolentemente injerencista.

​Otra decisión importante ha sido la del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que ha rechazado una ilegal intromisión del PJ que pretendía inscribir al partido de Duberlí Rodríguez –comunista, ex presidente de la Corte Suprema- a pesar que no cumplía con los requisitos y había sido rechazado por el propio JNE.

​En materia electoral, el JNE es la última instancia, y si se permite que un juez inscriba ilegalmente hoy un partido, mañana un juez puede sacar de carrera a otra organización política o a un candidato, o modificar el resultado de una elección.

​Por último, una sala de la Corte Suprema ha ratificado que la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides, sea repuesta como fiscal suprema, tal como determinó la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Como se sabe, Delia Espinoza, conjurada con los otros fiscales supremos, desacató la decisión de la JNJ.

​Y ahora pretende seguir desobedeciendo el mandato, recurriendo a argucias pueriles.

​En síntesis, algunos avances que evidencian el debilitamiento de la mafia caviar. Pero insuficientes, pues ellos no respetan las leyes ni la Constitución, y mientras sigan ocupando ilegítimamente puestos de poder, seguirán destruyendo la institucionalidad.

​Se requieren soluciones radicales.