​La fiscalía -y por supuesto, la mafia caviar que la controla- y el Poder Judicial, están en una intensa campaña contra un proyecto de ley del Congreso que corrige los abusos que se han cometido con un decreto legislativo de extinción de dominio.

​Este decreto posibilita que alguien sea investigado por la fiscalía sin enterarse y por tanto sin poder defenderse. Y luego la fiscalía puede, con apoyo de un juez, quitarle sus propiedades sin que se le haya probado delito alguno. El investigado tiene que probar su inocencia, como dijo alguna vez la politizada e incompetente fiscal Marita Barreto, contradiciendo un principio básico del derecho. Así, pueden transcurrir diez, doce, quince años, que es lo que suelen durar los procesos en el Perú, y una persona puede ser despojada de sus propiedades sin que exista una sentencia condenatoria.

​En suma, lo que pudo ser un arma eficaz en la lucha contra la delincuencia, se ha convertido en manos de fiscales politizados, prevaricadores e ineptos, en una fuente de abusos. Una ley del Congreso que trata de corregir esto está siendo atacada por la fiscalía que, como de costumbre, falta a la verdad, sosteniendo que esto permitirá a los corruptos salir indemnes.

​Como ha respondido el abogado Cesar Nakasaki a ese pronunciamiento, el Ministerio Público “afirma erradamente que la modificación de la pérdida de la extinción de dominio generará que acaben casos emblemáticos. Falso. Hay procesos penales por lavado de activos, medidas cautelares de incautación, nulidad de transferencias, sanción de decomiso”.

​Y pone como ejemplo del abuso, la incautación de inmuebles a Pedro Pablo Kuczynski que tienen un origen lícito, independientemente del proceso penal.

​El abogado Enrique Ghersi añade que la norma que se pretende mantener es inconstitucional, porque aunque el imputado sea declarado inocente, puede perder su propiedad. (“Pérdida de dominio o de principios”, Expreso, 28/2/25).

​Ghersi precisa que la norma que la fiscalía pretende conservar, viola el debido proceso, porque la defensa tiene 30 días para presentar sus argumentos y fiscal no tiene límites para investigar, puede hacerlo durante años.

​El Estado (Pronabi) puede rematar los bienes incautados antes que finalice el juicio, agrega Ghersi. Si el imputado es inocente, ya perdió su patrimonio.

​El abogado Humberto Abanto recuerda que el 70% de peruanos son informales y que absurdamente ellos tienen que probar la legalidad de sus propiedades, y no la fiscalía el presunto origen delictivo de las mismas.

​En síntesis, una aberración jurídica que la fiscalía, controlada por la mafia caviar, y el PJ, defienden para seguir ejerciendo un poder ilegítimo sobre los peruanos.

​Como bien ha señalado el presidente Nayib Bukele, si no se destituye a los magistrados corruptos, no se puede arreglar el país. “Formarán un cártel, una dictadura judicial, y bloquearán todas las reformas protegiendo la corrupción sistémica que los puso en sus puestos”. Los controles y equilibrios no existen, a menos que el sistema judicial también “pueda ser controlado y equilibrado”.

​Se requieren soluciones radicales.