El Congreso aprobó la semana pasada la ley que devuelve la investigación preliminar a la Policía (falta una segunda votación la próxima semana).

​Una ley indispensable, dado que se ha demostrado hasta la saciedad el fracaso total, rotundo, completo del absurdo sistema que impuso -y que sigue defendiendo- la mafia caviar. Los fiscales no saben investigar, todos los días liberan a delincuentes y la inseguridad aumenta.

​Este sistema, que estableció la mafia caviar en el Perú, no existe en ninguna parte del mundo civilizado. En Alemania, Inglaterra, EEUU o Suecia, la policía investiga y la fiscalía procesa a los delincuentes. Solo en países como el Perú pueden implantar estas aberraciones.

​Su último recurso ahora es argüir que es inconstitucional. Eso es falso, por supuesto. Con la Constitución de 1993, la policía siguió investigando, como siempre. Esto solo cambió cuando se aprobó el nuevo Código (NCPP), para lo cual no se realizó ningunareforma constitucional. Para volver a lo anterior, obviamente, tampoco se requiere modificar la Constitución.

​El fondo del asunto es que comunistas y caviares odian a las fuerzas del orden, y un grupo de fiscales quiere mantener sus privilegios, mal habidos y mal utilizados.

​Otrosí digo. El presidente del Poder Judicial (PJ) ha rechazado acaloradamente el proyecto de ley del congresista Waldemar Cerrón, que propone la creación de una comisión parlamentaria para supervisar a jueces y fiscales. Dice que es una injerencia de un poder del Estado en otro.

​El magistrado tiene derecho a protestar y defender los fueros institucionales del PJ. Pero también sería conveniente que mire la viga que tiene en el ojo el PJ, que se ha entrometido ilegal e ilegítimamente en las competencias exclusivas del Congreso.

​Por ejemplo, el PJ ha repuesto a Zoraida Ávalos como fiscal suprema a pesar que el Congreso, en uso de sus facultades, la inhabilitó. Ha hecho lo propio con Inés Tello y Aldo Vásquez en la JNJ, también inhabilitados por el Parlamento.

Son decisiones manifiestamente inconstitucionales. Inaceptables intromisiones de un poder del Estado en las decisiones de otro poder. Abiertos ataques al sistema republicano de división de poderes.

El presidente del PJ ha avalado esos atropellos. No solo eso. Ha alentado nuevas arbitrariedades cuando declaró que los jueces pueden aplicar o no, según su buen parecer, la ley que precisa los alcances de la lesa humanidad (“control difuso”). Eso es inadmisible. Los jueces están obligados a aplicar las leyes que el Congreso aprueba. Esa es la esencia de la república.

Naturalmente, tienen la posibilidad de impugnarlas ante el Tribunal Constitucional, que para eso existe. Pero no pueden desacatarlas por su real gana.

En síntesis, respetos guardan respetos. Si el PJ pretende que se respeten los fueros del PJ, que empiece respetando los de otros poderes del Estado.

De lo contrario, que no se quejen de los desastres que puede acarrear una insensata guerra de poderes que, no hay que olvidar, inició el PJ.