Que partidos políticos, sindicatos o grupos diversos se manifiesten en contra o a favor del Congreso, que convoquen a marchas o plantones pidiendo la aprobación o derogatoria de una ley, es usual en el  Perú o cualquier país democrático. Pero que el Ministerio Público (MP) lo haga, es una falta grave y muestra el nivel de politización y degradación en el que ha caído una importante institución estatal.

El MP es uno de los principales responsables de la crisis de seguridad que vive el país, cotidianamente los fiscales liberan delincuentes que han sido capturados por la policía después de trabajosas investigaciones y riesgosos operativos. No cabe duda que las irregulares atribuciones que le otorgó el nuevo Código Procesal Penal deben ser revocadas.

Para eso hay un proyecto de ley en el Congreso, que ya fue aprobado en comisiones, y que ahora debe ser discutido y votado en el pleno, para devolver a la Policía Nacional la investigación preliminar. Contra ese proyecto se ha pronunciado el MP, llamando a la insurgencia popular. Es decir, para mantener mezquinamente una mayor cuota de poder, están dispuestos a sacrificar la seguridad de los  peruanos aterrorizados por una creciente ola delincuencial.

También intentan impedir que se apruebe la ley que restaura la legalidad, impidiendo que fiscales y jueces prevaricadores procesen y sentencien a militares y policías que derrotaron al terrorismo, aplicando ilegalmente el concepto de lesa humanidad que no estaba vigente en las décadas de 1980 y 1990, y que hasta ahora no ha sido tipificado en el Código Penal.

En este tema también se han sumado al coro los tentáculos de la mafia caviar internacional. La CIDH ha emitido, en 24 horas, una resolución con la que pretende ordenar al Congreso que paralice el debate de la ley aprobada en primera votación. Por supuesto, esa disposición es inaceptable. La CIDH no tiene competencia alguna para interferir en la labor legislativa del Congreso.

Además, los pretextos que aduce ese organismo politizado y desacreditado, son absurdos. Los casos Cantuta y Barrios Altos fueron sentenciados y no tienen nada que ver con el proyecto en mención.

No obstante, al parecer por presiones del gobierno de Dina Boluarte, el presidente del Congreso impidió que se sometiera a votación antes del fin de la legislatura el sábado pasado. También esa camarilla de fiscales supremos se ha pronunciado contra el proyecto que pretende instaurar una carrera meritocrática con una Escuela Nacional de la Magistratura, interfiriendo otra vez ilegítimamente en una atribución del Congreso.

En suma, esa pandilla de fiscales supremos, es el brazo que la mafia caviar utiliza para atacar a los poderes del Estado elegidos por voto popular, en los que ellos han perdido casi toda influencia. El Congreso debería tomar las medidas necesarias.