El EFICAVIT, un equipo especial de la fiscalía dedicado a perseguir y procesar a policías y militares que impidieron que turbas violentas repusieran en el gobierno al golpista Pedro Castillo para que implantara una dictadura comunista, ha gastado casi treinta y nueve millones de soles (38´919,757) en esa repugnante tarea.

​Mientras tanto, la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, principal impulsora de la persecución de militares y policías, se quejaba de que el Ministerio Público carecía de presupuesto.

​Treinta y tres fiscales y cuarenta asistentes fueron dedicados exclusivamente a esa labor, procesando hasta ahora a 350 policías y militares, e involucrando a más de 1,500 como testigos (que en cualquier momento se convierten en investigados).

​Por supuesto, no han investigado ni procesado a los autores materiales e intelectuales de esas asonadas violentas, promovidas por terroristas y financiadas por economías ilegales. A ellos, ni con el pétalo de una rosa.

​El gasto en logística y finanzas del EFICAVIT (Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las protestas sociales) fue de más de 21 millones de soles. Ellos malgastaron en mobiliario y equipos informáticos más que cualquiera de los otros “equipos especiales” que se crearon en la fiscalía: Odebrecht, Cuellos Blancos, Corrupción del Poder, a pesar que algunos de estos duraron más tiempo.

​Así, mientras la delincuencia seguía creciendo a un ritmo exorbitante, mientras extorsionadores y sicarios aterrorizan a la población, Delia Espinoza dedicaba enormes recursos y decenas de fiscales exclusivamente a acosar a los militares y policías que salvaron al Perú de caer en las garras de una dictadura comunista.

Naturalmente, relegando la función fiscal de luchar contra la delincuencia.

Ha hecho bien, por eso, el fiscal de la Nación Tomás Gálvez, en disolver esos “equipos especiales”, aunque sigue subsistiendo esa lacra de fiscales de “derechos humanos e interculturalidad” que, al igual que el EFICAVIT, solamente se dedican a perseguir a policías y militares.

Otrosí digo. El presidente de la Tercera Sala Penal Liquidadora, Daniel Cerna Salazar, ha emitido su voto absolviendo al capitán EP (r) Alberto Picón Pesantes, acusado de un hecho ocurrido en Ayacucho en 1983, como parte de la lucha antiterrorista. El juez Cerna aplicó la ley 32107 de lesa humanidad.

Dos jueces PROVISIONALES de esa sala, Reli Callata y Helbert Llerena, desacataron la ley y se impusieron, votando por la condena al capitán Picón. A estos dos prevaricadores los he denunciado anteriormente ante la Junta Nacional de Justicia por hechos similares.

El juez Cerna es el único TITULAR de esta sala.

El asunto es que el principal mecanismo de control de la mafia caviar/comunista en el Poder Judicial (PJ), es la provisionalidad. Los magistrados provisionales pueden ser destituidos y cambiados a voluntad de la cúpula caviar que controla el PJ, si no obedecen sus órdenes. Por eso todos los provisionales tienen que alinearse, salvo excepciones.

Jueces valientes, como Cerna, sí respetan la legalidad, como corresponde.

¡Se requieren soluciones radicales!