Mañana martes el Congreso debatirá las 7 mociones de censura contra José Jerí. La convocatoria al pleno extraordinario señala que las razones de esta propuesta son “los presuntos actos de inconducta funcional realizados en las fechas del 26 de diciembre de 2025 y el 6 de enero del año en curso”. Y hace referencia a noticias periodísticas.

​Es decir, se le pretende destituir por supuestos actos cometidos como presidente de la República. Pero se recurre al subterfugio de querer censurarlo como presidente del Congreso -cargo que no ejerce- solamente porque se requieren menos votos para hacerlo: la mayoría simple de los presentes.

​Las 7 mociones dicen más o menos lo mismo.

​Están tratando de sacarle la vuelta a la Constitución y la legalidad para lograr un objetivo político electoral.

​Pedí opinión sobre el tema a diez de los más reputados constitucionalistas y la respuesta fue unánime. Lo que procede en este caso es vacancia y no censura.

​Domingo García Belaunde, Ernesto Blume, Aníbal Quiroga, Natale Amprimo, Oscar Urviola, Enrique Ghersiy Wilber Medina respondieron por escrito señalando, con distintos argumentos, que corresponde votar la vacancia.

​Víctor García Toma y Samuel Abad se excusaron, pero en entrevistas periodísticas también se pronunciaron por vacancia. Francisco Eguiguren estaba de viaje.

​No todos están de acuerdo en que Jerí debe permanecer en el cargo, pero todos coinciden en que para destituirlo hay que recorrer el camino de la vacancia, que implica, entre otras cosas, que el presidente y/o su abogado pueden defenderse de las imputaciones en el Congreso. Ahora se da la paradoja que quieren censurarlo como presidente del Congreso, pero el hecho es que ejerce la presidencia de la República y, por tanto, no puede hablar ante el pleno, salvo en casos excepcionales determinados por las normas.

​Todo es un contrasentido.

​Lo más grave es que se tendría que elegir un nuevo presidente del Congreso que asumiría la jefatura de Estado, entre los congresistas, estando en medio de un proceso electoral en el que los ciudadanos van a votar por el próximo presidente y Parlamento.

​El cambio de Gobierno implica un nuevo gabinete ministerial, nuevos viceministros, jefes de instituciones estatales, etc. Y sería, obviamente, un gobierno improvisado, que tendría que constituirse apresuradamente con aquellos que se atrevan a aceptar un cargo público en medio de una situación caótica.

​Un despropósito, en mi opinión. Porque Jerí ya está siendo investigado, tanto por la fiscalía de la Nación como por el Congreso y, eventualmente, podrá ser procesado a partir del 29 de julio, dentro de cinco meses.

​Creo que un gabinete, presidido por un hombre instruido y honesto, como Ernesto Álvarez, garantiza imparcialidad en el proceso electoral. Y que eso en un motivo muy importante para mantener al Gobierno actual hasta el 28 de julio, teniendo en cuenta la negativa experiencia anterior.

​Pero finalmente serán los votos de los congresistas los que decidirán si mantenemos un mínimo de estabilidad o volvemos a empezar.