El Tribunal Constitucional (TC) rechazó la impugnación a la ley de lesa humanidad (32107). Es decir, estableció que esa norma es legal y constitucional, y, por tanto, debe aplicarse inmediatamente.

​El sistema judicial, caviarizado y prevaricador, desacató desde el inicio esa norma aprobada por el Congreso. El único juez que aplicó la ley, como corresponde, Raúl Justiniano, fue sancionado -con otro pretexto- a los tres días de haber actuado correctamente, aplicando la ley y exculpando a un grupo de militares que intentaban procesar ilegalmente por hechos ocurridos en 1991.

​Una inequívoca evidencia de cómo la mafia caviar controla el sistema judicial.

​Ahora los jueces están OBLIGADOS a aplicar la ley. El máximo organismo en materia constitucional ha desechado las ridículas pataletas de la mafia caviar.

​Esta ley la empecé a preparar apenas ingresé al Congreso, hace poco más de dos años. Venía escribiendo sobre el abuso que se cometía contra los militares y policías que derrotaron al terrorismo entre 1980 y 2000 desde hace años, pero estando en el Parlamento tenía la oportunidad de hacer algo más.

​La primera reunión que tuve en mi oficina del Congreso cuando ingresé, fue con el general EP (r) Jorge Cárcovich, incansable defensor de sus compañeros de armas injustamente perseguidos. Allí me explicó los problemas específicos que había.

​Ellos habían promovido una moción para que la Comisión de Constitución del Congreso emitiera una opinión sobre el tema. Luego de discutirlo, coincidimos que sería positivo, pero que era completamente insuficiente. Si el sistema judicial, caviarizado, prevaricador y corrupto, perseguía ilegalmente a los que derrotaron el terrorismo, no harían caso a una opinión del Congreso.

​De todas maneras, promovimos esa moción presentada por José Cueto y, finalmente, la Comisión de Constitución presidida por Martha Moyano, la aprobó. Igual, los jueces no la consideraron.

​Trabajé entonces un proyecto de ley con la fundamental y desinteresada colaboración del constitucionalista Aníbal Quiroga y mi equipo.

​Y me asocié con el congresista Cueto, interesado en el tema, para redactar el proyecto. Cuando lo tuvimos, lo presentamos y logramos que se aprobara en el Congreso.

​Eso fue posible, fundamentalmente, gracias al trabajo de la bancada de Fuerza Popular. Y no solo por sus votos, sino también por su difícil labor de obtener el respaldo de otras bancadas a través de conversaciones que no siempre son fáciles ni fluidas. Pero se consiguió.

​Las impugnaciones a la ley han sido rechazadas por 4 a 3 en el TC. Para declarar inconstitucional una ley, se requieren 5 votos. Han estado muy lejos de lograrlo.

​Ahora los militares y policías que derrotaron al terrorismo, que están presos o perseguidos, deben quedar en libertad de inmediato. Los procesos a otros muchos deben liquidarse rápidamente.

​Y si algún magistrado prevaricador y corrupto desacata la ley, debería ser detenido de inmediato en flagrancia y enviado a prisión.

​Hemos avanzado un paso. Faltan muchos más para derrotar a los comunistas, caviares, terroristas y delincuentes.

¡Lo lograremos!