Con la bancada de Fuerza Popular, he presentado un proyecto de ley para proteger a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de los procesos legales fabricados por la mafia caviar que controla el sistema judicial, cuando enfrenten ataques violentos de turbas manipuladas por terroristas y financiadas por economías ilegales.

​Se trata de modificar el artículo 20 del Código Penal, señalando que está “exento de responsabilidad penal”:

​“El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en cumplimiento de su función constitucional, defendiendo los activos críticos nacionales, los locales del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional del Perú, de las Fuerzas Armadas, así como otros locales de entidades públicas o bienes jurídicos del Estado o de privados, así como la vida e integridad física propia o de terceros, y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte.”

​Esta norma es indispensable porque, como está ocurriendo en los últimos años, fiscales y jueces pro terroristas, persiguen con saña a los miembros de las fuerzas del orden que defienden la democracia, el estado de derecho y el orden interno.

No solo siguen procesando y encarcelando a militares y policías que derrotaron al terrorismo en las décadas de 1980 y 1990, sino que en recientes manifestaciones, cuando la PNP es enviada inerme, solo a defenderse, de hordas armadas con bombas molotov, artefactos explosivos, piedras, etc., el sistema judicial inmediatamente reacciona acusando y tratando de encarcelar a los policías, y liberando de inmediato a los delincuentes capturados en flagrancia.

​Lo que tratan de hacer es muy obvio: disuadir a las fuerzas del orden, paralizarlas, de tal manera que, movilizando unos cientos de violentos que causen disturbios, puedan crear una situación caótica inmanejable y, eventualmente, derrocar un Gobierno, como lo hicieron el 2020.

​Los policías y militares procesados viven situaciones críticas. Muchas veces sus carreras son arruinadas, son torturados con procesos interminables y en ocasiones terminan en prisión.

​Eso ha ocurrido también con los que impidieron que el corrupto Pedro Castillo fuera reinstalado en Palacio por la fuerza en diciembre 2022 y principios de 2023.

​Los fiscales de Eficavip, grupo dedicado exclusivamente a perseguir a policías y militares que defendieron al Perú en esa ocasión, por ejemplo, acaban de pedir 35 años de cárcel para el entonces jefe de la policía y otros 10 efectivos, por la muerte de un manifestante en 2023. En realidad, son 1,323 militares y policías involucrados por la fiscalía en los sucesos de ese periodo. (Ver esta página “Desde el escritorio”, 29/7/25).

​Por eso, en una disposición complementaria transitoria del proyecto de ley mencionado, se establece que están exentos de responsabilidad penal los miembros de las FFAA y PNP “denunciados, investigados, procesados o condenados (…) en el contexto de los actos de violencia registrados durante las marchas y protestas ocurridas en los años 2022 y 2023”.

​Se requieren soluciones radicales.