​La segunda sala de apelaciones anuló el juicio en el cual se había sentenciado a 14 policías por haber abatido a 4 delincuentes y pertenecer a un supuesto “escuadrón de la muerte”.

​Un tribunal integrado por magistrados prevaricadores y malvados, sentenció al comandante PNP Raúl Prado Ravines a 35 años de prisión, al coronel Luis Alberto Zúñiga a 26 años y a penas similares a los otros policías.

​Prado Ravines no estaba en Piura el 27 de febrero de 2015, cuando se produjeron los hechos. Y Zúñiga no participó en el enfrentamiento en que cayeron los delincuentes. Había sido nombrado jefe de una unidad de investigación una semana antes de los hechos.

​En el caso, llevado por el fiscal prevaricador Álvaro Rodas, se cometieron infinidad de ilegalidades, con el único propósito de fabricar falsas acusaciones contra los policías. La sala que condenó a los efectivos con pruebas falsas estuvo integrada por Fernanda Ayasta, Giovani Félix Palma y Julio Gamarra Luna Victoria.

​Esos magistrados deshonestos ignoraron el cúmulo de evidencias que desmentían las artificiales imputaciones de Rodas, y solo admitieron las falsificaciones presentadas por ese perverso fiscal.

​Por ejemplo, el tribunal no tomó en cuenta la prueba de absorción atómica practicada a los delincuentes abatidos, lo que demostraba que habían utilizado sus armas, que se había producido un enfrentamiento, y no una ejecución de pacíficos malhechores desarmados, como arguyó el siniestro fiscal.

​Tampoco consideraron las evidencias que demostraban que las armas de los delincuentes habían sido disparadas.

​No reconocieron el peritaje realizado el día de los hechos, en el lugar de los acontecimientos, por personal especializado de criminalística. En su lugar, tomaron como ciertos peritajes realizados tres años después por fiscales que hicieron su “pericia” desde Lima en base a papeles, como ha denunciado la abogada Laura Solís.

​Admitieron como prueba un video editado, captado por un colombiano, donde incriminaban al sub oficial Williams Castaño como el presunto ejecutor de un delincuente. Ese video manipulado, se difundió profusamente en la televisión nacional.

​Resulta que en el juicio se demostró fehacientemente que el supuesto policía del video no es Castaño, porque él estaba en ese momento en otro lugar, persiguiendo a los delincuentes que se habían fugado. Hay evidencias que lo demuestran.

​Involucraron en ese hecho a Castaño por una sola razón: era el único vínculo para poder relacionar a Prado Ravines con el caso. Entonces inventaron descaradamente una “prueba” para poder fabricar la falsa historia del “escuadrón de la muerte”.

​Por estas, y muchas otras irregularidades, el juicio se anuló. Pero la carrera de los policías fue destruida, y se causó un enorme sufrimiento a los involucrados y sus familias, tormento que no termina, pues ahora viene un nuevo juicio.

​Y, además, hay otros siete procesos del fantasioso “escuadrón”, que involucran a más de 60 policías, promovidos por el maligno Rodas, que todavía no tienen sentencia.

​Este atropello debe terminar y esos magistrados deben ser sancionados drásticamente.

​¡Se requieren soluciones radicales!