La noche del sábado 30 de agosto, entre las avenidas Tomás Valle y Universitaria, una joven estaba siendo asaltada por un delincuente que intentaba quitarle el celular. La joven se aferró a su teléfono y cayó al suelo con el delincuente encima. Carlos Motta, un marino en retiro, circulaba en su bicicleta y acudió en ayuda de la víctima.

​Jaló al ladrón, lo que posibilitó que la joven se liberara y escapara. En ese momento, dos cómplices del asaltante se acercaron agresivamente a Motta. Enfrentado a tres malhechores, Motta desenfundó su pistola -con licencia en regla- y los conminó a alejarse. No lo hicieron y siguieron insultándolo y acercándose belicosamente.

​En realidad, escenas como esa se repiten cotidianamente, no solo con civiles sino con policías. Delincuentes los agravian y los atacan y, por lo general, los policías no actúan, porque intuyen que el caviarizadosistema judicial los va a procesar.

​En el caso que nos ocupa, Motta retrocedió y los conminó a retirarse, pero el asaltante siguió avanzando hacia él, amenazante. Entonces, Motta disparó hiriéndolo. Hizo lo que corresponde. Actuó en legítima defensa frente a un delincuente agresivo.

​Los otros dos malhechores, en el colmo de la desvergüenza, trataron de robarle la bicicleta.

​En ese momento llegó un patrullero. El delincuente fue llevado al hospital y al poco tiempo se fugó.

​Ese mismo forajido, Adriano Alexis Leyva Olórtegui, había sido detenido la madrugada del 27 de junio de 2024 en el mismo lugar, Tomás Valle y Universitaria, cuando asaltó con otros dos cómplices a un hombre, robándole su celular y otras pertenencias. En ese momento el criminal tenía 17 años.

​Todavía no estaba vigente la ley 32330, aprobada por el Congreso, que establece responsabilidad penal para los delincuentes de 16 y 17 años. El malhechor, entonces, quedó en libertad para seguir delinquiendo. Además, ahora tampoco el sistema judicial está aplicando la ley, como ocurre con las normas que castigan a los delincuentes.

​Un fiscal prevaricador, Yoel Antonio Valverde Silva, inmediatamente pidió prisión preventiva de un año y medio para Motta, a pesar que la ley de legítima defensa, 32026, aprobada el año pasado en el Congreso, establece que “no procede prisión preventiva” contra ciudadanos que ejercen la legítima defensa. Una juez rechazó el requerimiento fiscal. La ley también precisa que en esos casos, el ciudadano “está exento de responsabilidad penal”, por tanto no se le debe acusar.

​Pero ese fiscal prevaricador, pro delincuencia, ha pedido 16 años de prisión contra Motta por tentativa de homicidio calificado con ferocidad.

​Así, un ciudadano ejemplar, que acude en defensa de una víctima, es perseguido por la fiscalía. El delincuente, libre por supuesto.

​Hemos conseguido un abogado que defienda a Motta gratuitamente, porque una injusta acusación como esta, arruina la vida de una persona. Pero no es un caso aislado, lamentablemente, es lo usual.

​Se requiere no solo una reforma del sistema judicial. Hay que barrer a todos esos magistrados pro delincuencia.

​¡Soluciones radicales!