El sistema judicial controlado por la mafia caviar acaba de liberar a John Cruz Arce, el cabecilla de la sanguinaria banda de los Pulpos, una de las más destructivas organizaciones criminales que asolan el Perú.

​Han tratado de justificar esta aberrante decisión diciendo que había cumplido con estudiar y trabajar en la prisión. Eso es mentira, según algunos empleados del INPE, entrevistados por medios de comunicación.

Pero aún si fuera cierto, no hay excusa alguna para liberar a un feroz asesino, pionero de uno de los delitos más extendidos y peligrosos hoy, la extorsión. Peor aún, su banda sigue operando y caben pocas dudas que él no se ha rehabilitado -ni mucho menos- como debería ocurrir para ponerlo en las calles otra vez. Pero estuvo “17 años sufriendo en Challapalca”, dijo a modo de justificación la presidenta del Poder Judicial Janet Tello. ¡Pobrecito el criminal!

En este caso se puede apreciar claramente el doble rasero que utiliza la mafia caviar que domina el sistema judicial. No solo le concedieron irregularmente beneficios penitenciarios reduciendo su pena nada menos que en ocho años sino, por ejemplo, la fiscalía nunca lo acusó por ser cabecilla de una organización criminal, un delito muy grave.

Ahora vemos que la fiscalía abusa hasta el absurdo de esa acusación: a Pedro Pablo Kuczynski, su chofer y secretaria; a Patricia Benavides y sus asesores. Y a cualquiera que pretendan perjudicar.

Pero al cabecilla de una evidente organización de delincuentes, no.

Quien determina, a fin de cuentas, si un reo es puesto en libertad, es el Poder Judicial. No el INPE que puede emitir informes, pero no tiene esa potestad.

Por último, el Pulpo en cuestión tiene otras acusaciones, además de la sentencia por asesinato que lo llevó a la cárcel.

Comparemos la benevolencia conque el sistema judicial, sometido a la mafia caviar, trata a comprobados delincuentes que aterrorizan a los peruanos, con la crueldad con la que procede con los militares y policías que derrotaron al terrorismo o con los que se enfrentan a turbas violentas y a delincuentes.

Al general (r) Juan Rivero Lazo lo tuvieron doce años en prisión preventiva, luego lo condenaron injustamente por autoría mediata, y a pesar que acumuló beneficios penitenciarios, no se los reconocieron. Y lo mantuvieron en prisión luego de concluida su condena. Solo mediante una decisión del Tribunal Constitucional pudo obtener su libertad después de un cuarto de siglo encarcelado.

Y ahora hay varios militares presos que han cumplido sus sentencias, a los cuales les abren ilegalmente nuevos procesos para mantenerlos perpetuamente encarcelados.

En suma, guantes se seda para despiadados criminales que extorsionan y asesinan a los peruanos. Puño de hierro para los militares y policías que nos defienden de los delincuentes y los terroristas.

Esa es la consecuencia directa, irrefutable, del control de la mafia caviar sobre el sistema judicial.

Se requieren soluciones radicales para barrerlos de las posiciones que ilegítimamente ocupan.