La mafia caviar ha llevado al Ministerio Público (MP) a una crisis terminal. Durante más de seis años han utilizado la fiscalía como un instrumento, para mantener y acrecentar un poder ilegítimo, persiguiendo a sus adversarios y protegiendo a sus amigos.

​Así, han desvirtuado completamente la función de la fiscalía, convirtiéndola en una herramienta para venganzas políticas y personales, persecutora de militares, policías y políticos, defensora y cómplice de delincuentes.

​Ahora, Delia Espinoza y sus secuaces se aferran ilegalmente a sus puestos, desconocen la autoridad de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y pisotean la legalidad que deberían defender.

​Este desastre comenzó en 2018, cuando la coalición vizcarrista (el Lagarto aliado con los inescrupulosos caviares), asaltó el sistema de justicia. Liquidó el corrupto Consejo Nacional de la Magistratura y, mediante una comisión integrada por caviares, creó la JNJ, para que sirviera a sus propósitos.

​Luego Martín Vizcarra defenestró a un magistrado correcto, el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y puso en su lugar a la impresentable Zoraida Ávalos. Lo hizo, hay que recordarlo, asociado con la prensa caviar, que demolió a Chávarry con cientos de portadas de diarios y reportajes televisivos tramposos.

​A partir de allí, la mafia caviar se ha atrincherado en el sistema judicial, violando leyes y resoluciones. Por ejemplo, el Congreso, en uso de sus atribuciones, inhabilitó por diez años a Zoraida Ávalos. Ella hizo caso omiso a esa decisión, y con la complicidad del Poder Judicial, sigue instalada en la fiscalía.

​El Congreso también inhabilitó a Inés Tello y Aldo Vásquez, de la anterior JNJ. Lo mismo, siguieron ahí, impertérritos, hasta el último día.

​Hoy, cuando la nueva JNJ ha repuesto a la fiscal Patricia Benavides, no acatan la resolución. Peor todavía, la acusan a ella, a los abogados que la defienden y a la propia JNJ.

​Como ha dicho el constitucionalista Aníbal Quiroga, son gatillo fácil, disparan acusaciones a diestra y siniestra, usando ilegítimamente el poder que aún detentan.

​¿Qué hacer? Se ha presentado en el Congreso un proyecto de ley de Américo Gonza para reorganizar el MP. También Alejandro Muñante ha propuesto una acusación constitucional contra los fiscales supremos. De hecho, ya existe una acusación que presentamos con José Cueto y Alfredo Azurín contra toda la Junta de Fiscales Supremos en octubre del año pasado, que ya está para ser discutida en la Comisión Permanente del Congreso.​

​El asunto es si se obtendrán los votos necesarios para aprobarlas. Y, en el caso de lograrlo, es seguro que esos fiscales que no acatan ni las leyes ni las resoluciones que aprueba el Congreso, seguirían en rebeldía, apañados por el Poder Judicial también controlado por la mafia caviar. Y, naturalmente, por la Corte Interamericana de DDHH y otros organismos del caviarismo internacional.

​Se requieren soluciones radicales. Como las que aplicó Nayib Bukele en El Salvador, que barrió a cientos de magistrados prevaricadores del sistema judicial. No hay otra alternativa.