Dina Boluarte parece esforzarse constantemente para empeorar su gobierno y darle argumentos a quienes quieren apresurar el fin de su mandato.

​El fin de semana despidió al jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) luego de solo cinco meses en el cargo, y nombró al séptimo director de esa importante institución en menos de cuatro años.

​Reemplazó al coronel (r) Max Anhuamán, un policía de impecable y eficiente trayectoria que, hasta donde se sabe, venía desarrollando una buena labor en la DINI, por un oficial con múltiples cuestionamientos.

​En momentos en que la inseguridad es el problema más importante para la inmensa mayoría de peruanos, y que negocios ilícitos como la minería ilegal se han convertido en una seria amenaza a la seguridad nacional, Boluarte juega irresponsablemente con la institución rectora de la inteligencia del país, al parecer por intereses oscuros, impulsados por el nuevo presidente del Consejo de Ministros (PCM) Eduardo Arana.

​Precisamente ubicar a Arana como PCM fue otro de los gruesos errores de Boluarte. Como ministro de Justicia (Minjus), había sido el responsable político de escandalosas fugas de penales bajo su jurisdicción, que motivaron la renuncia de su inmediato subordinado, el jefe del INPE.

​Peor aún, en su paso por el Minjus no hizo nada por siquiera empezar a resolver uno de los temas claves de la seguridad, el hacinamiento en los penales, desde donde se planifican y dirigen múltiples delitos, y cuya precaria situación dificulta encarcelar a todos los que deberían estar en prisión.

​Boluarte también echó al mejor ministro de Economía que ha tenido el Perú en este periodo, José Salardi, para reemplazarlo por otro allegado suyo, Raúl Pérez Reyes, de pobre desempeño en Ministerio de Transportes (MTC). Y, además, opositor a las importantes reformas que estaba realizando Salardi para desburocratizar el Estado y propiciar la inversión.

​Por ejemplo, Pérez Reyes cuando estaba en el MTC,fue el único que objetó una ley promovida por Rosangela Barbarán para permitir destrabar las inversiones bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas (APP). Esa ley ya ha sido aprobada por el Congreso pero ahora el gobierno la ha observado.

​Desde su nuevo cargo en el MEF, Pérez Reyes está haciendo lobby entre los parlamentarios, para impedir que se vote la insistencia de una necesaria ley, antes que termine la legislatura.

​En suma, Boluarte no solo no se esfuerza por mejorar su gestión, sino que persistentemente la empeora.

​Ella se mantiene en el gobierno, a pesar de sus constantes errores, porque la mayoría del Congreso considera, hasta ahora, que su vacancia traería mayor inestabilidad al país. No obstante, parece creer que eso es una patente de corso para todo tipo de despropósitos. Supone que tiene asegurada su permanencia en Palacio, sin darse cuenta de la precariedad de su situación.

​Parece no percatarse, además, que si su mandato termina de manera abrupta, las posibilidades de que pase a ser vecina de su compañero de fórmula, Pedro Castillo, crecen significativamente.