​El cambio del presidente del Consejo de Ministros era inevitable después del fracaso del Gobierno en Pataz. Pero era evitable agravar el descrédito del gabinete. Bastaba con airearlo, reclutando funcionarios capaces, que no fueran los mismos del círculo íntimo de Dina Boluarte y su hermano, reciclados una y otra vez, con peores resultados en cada ocasión.

​Pero volvió a suceder. Lo advertí la semana pasada en esta columna: “Como ha demostrado en varias ocasiones, Dina Boluarte suele desmejorar su gestión, nombrando funcionarios peores que los que se ven forzados a dejar su cargo.”

​Y en efecto, eso fue lo que ocurrió. Despidió al mejor ministro de Economía de los últimos cuatro años, José Salardi, que había emprendido algunos cambios indispensables, como eliminar trabas burocráticas, impulsar las asociaciones público privadas (APP) y otras.

​Pocas veces ha habido un consenso tan positivo en este período respecto a un funcionario. Y Boluarte lo desalojó sin dar ninguna explicación de tan cuestionable decisión.

​Para reemplazar a Gustavo Adrianzén -que tuvo que pagar por los errores de Boluarte-, la presidente nombró a un ministro cuestionado por las recientes fugas de los penales, que estaban bajo su responsabilidad en el ministerio de Justicia. Recientemente se vio forzado a renunciar el jefe del INPE, precisamente por ese problema. Y a su superior, se le premia con un ascenso.

​Por lo demás, Eduardo Arana tampoco hizo nada relevante para solucionar uno de los temas claves de la seguridad, el hacinamiento y descontrol en los penales.

​Está claro, entonces, que el desempeño positivo o negativo no cuenta en este gobierno como criterio para promociones o destituciones. Al contrario, pareciera que hay una correlación inversa. Si lo haces bien, como Salardi, te echan abruptamente. Y si no lo haces bien, como Arana, te promueven.

​Dina Boluarte pareciera no ser consciente de que su situación sigue siendo precaria. Que no tiene asegurada la permanencia hasta el 28 de julio de 2026 y que, si sigue empeorando su gestión, las posibilidades de la vacancia podrían concretarse.

​Otrosí digo. La politizada y prevaricadora fiscal de la Nación, ha hecho otra de las suyas, acusando constitucionalmente a la presidente Boluarte y varios de sus ministros del comienzo de su gobierno, por los sucesos de diciembre de 2022 y principios de 2023.

​En esa ocasión, las fuerzas del orden repelieron violentos y concertados ataques a aeropuertos, carreteras e instalaciones públicas y privadas, y evitaron que grupos terroristas y economías ilegales se hicieran del gobierno con Pedro Castillo a la cabeza.

​Actualmente hay más de 350 policías y militares investigados y procesados por esos hechos. La fiscalía tiene un equipo especial de 74 personas dedicado exclusivamente a perseguir a miembros de las fuerzas del orden. Mientras que los culpables, los promotores de esa violenta asonada, siguen libres, intentando repetirla.

​Es indispensable que el Congreso de trámite a la denuncia constitucional que hemos presentado con los congresistas José Cueto y Alfredo Azurín para inhabilitar a toda la Junta de Fiscales Supremos.