El Gobierno ha fracasado completamente en el control de la minería ilegal y la violencia criminal en Pataz. Después de 16 meses de estado de emergencia, con cientos de policías y militares acantonados en esa provincia, la situación no solo no ha mejorado, sino que, indiscutiblemente, ha empeorado, como lo muestra el asesinato de 13 personas y el incremento de las actividades de la minería ilegal.

​El desastre es aún más evidente porque en abril el Gobierno movilizó a 850 militares y policías a Pataz, supuestamente para realizar operaciones contra la minería ilegal. Y a pesar de este enorme desplazamiento, se produjo, en ese momento, el horrendo asesinato de esos trabajadores.

​La manera despiadada y cruel en que fueron torturados y ultimados, incluyendo la filmación y difusión de la masacre, es un nuevo hito en la violencia delincuencial que no cesa de crecer.

​No puede ser que la ineptitud mostrada por el Gobierno en este período quede impune. Insisto, es casi un año y medio de estado de emergencia y una costosa movilización de efectivos de la PNP y FFAA que, de haber habido algún plan medianamente razonable, debiera haber producido algún resultado. Es decir, no se trata solo de la última matanza, sino de una amplia etapa en la que han fracasado.

​La responsable es, naturalmente, la presidente de la república, que es constitucionalmente inimputable en este caso. Tiene que asumir la culpa, entonces, el presidente del Consejo de Ministros y el gabinete ministerial, en particular los ministros directamente involucrados.

​En suma, es indispensable una renuncia o, de lo contrario, el Congreso debería usar los instrumentos legales con los que cuenta.

​Es verdad que, como se ha demostrado en varias ocasiones, Dina Boluarte suele desmejorar su gestión, nombrando a funcionarios peores que los que se ven forzados a dejar el cargo. Pero no hay opción ahora. Tienen que producirse cambios sustanciales en el gabinete ministerial, si ella pretende culminar su mandato en julio de 2026.

​Las medidas que ha adoptado el Gobierno, muestran el mismo grado de improvisación y confusión que las que ha tomado en ocasiones anteriores para enfrentar crisis similares. Recién el sábado 10 se publicó el Decreto de Urgencia para intervenir en Pataz.

​Allí se establecen medidas elementales que debieron ser adoptadas hace tiempo: revocatoria automática y de inscripciones suspendidas del Reinfo, puestos de control en las vías de acceso, sistema de monitoreo inalámbrico, trazabilidad de la comercialización del oro, etc. que habían sido propuestas hace meses por el Comisionado para la minería ilegal y varios expertos.

​En síntesis, todo indica que nuevamente el Gobierno ha sido sorprendido por una violenta acción delincuencial y ha reaccionado tardíamente, como en ocasiones anteriores, dando palos de ciego y recurriendo a medidas efectistas, como poner la zona a cargo de las FFAA, a las que probablemente no les entusiasme el encargo, porque se trata de una tarea policial para la cual no están entrenados.