La Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales (SCAC) del Congreso ha aprobado la denuncia constitucional que presentamos con José Cueto y Alfredo Azurín contra toda la Junta de Fiscales Supremos (JFS) por negarse a aplicar la ley 32130 que devuelve la investigación preliminar a la Policía Nacional.

​Los acusados son Delia Espinoza, Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez. A ellos se les denuncia por prevaricato, falsedad genérica y abuso de autoridad y se pide 10 años de inhabilitación en la función pública como sanción.

​El caso es el siguiente. El 10 de octubre del año pasado se promulgó la ley en mención. Inmediatamente se produjeron indebidos pronunciamientos fiscales llamando a no acatar la ley y el 15 de octubre la JFS emitió “la Resolución de la Fiscalía de la Nación № 2246-2024-MP-FN mediante la cual dictan diversas disposiciones de obligatorio cumplimiento para todos los fiscales a nivel nacional que violan lo dispuesto por la Ley № 32130, promoviendo su incumplimiento.”

​Esa Resolución, entre otras cosas, dispone “Aprobar el Reglamento denominado Actuación Fiscal en la Investigación del delito”.

​Ese Reglamento, “de obligatorio cumplimiento por parte de todos los fiscales que realizan investigaciones de acuerdo al Código Procesal Penal, que son contrarias al texto expreso y claro de la Ley № 32130, pretendiendo indebida e ilegalmente que en todo el país se sigan aplicando normas y artículos del Código Procesal Penal, que han sido ya derogados y/o modificados por la Ley antes mencionada”.

​Es decir, la JFS desobedece explícita y abiertamente una ley vigente y ordena a los fiscales de todo el país a hacer lo mismo.

​Demás está decir que el Ministerio Público, como defensor de la legalidad, está llamado a hacer cumplir las leyes, no a desacatarlas.

​Los fiscales no tienen la facultad que poseen los jueces del “control difuso”, que permite a los magistrados, en ciertas circunstancias muy especiales, inaplicar una ley. No obstante, en muchos casos recientes, hay jueces que han abusado ilícitamente de esa potestad para no aplicar leyes promulgadas y vigentes. Ese es un asunto que debe regularse en el Congreso para evitar que se siga produciendo.

​Pero los fiscales no tienen esa facultad. Es decir, no tienen ningún pretexto para no aplicar una ley vigente. Pueden impugnar una norma ante el Tribunal Constitucional (TC), como lo han hecho con la ley 32130. Pero en tanto el TC no se pronuncie, la ley está vigente y tiene que aplicarse.

​Recapitulando, el 10 de octubre de 2024 se promulgó la ley. El 15 la JFS emitió un reglamento para desacatarla, el 23 presentamos la denuncia constitucional contra la JFS y el 29 una ampliación de la denuncia incluyendo la “instigación del delito de usurpación de función pública”.

​La semana pasada la denuncia fue aprobada en la SCAC. Ahora debe debatirse en la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso.

​Hay que poner freno a la prepotencia y el abuso de la fiscalía.

​¡Soluciones radicales!