Inmediatamente después del fin de la sublevación promovida por los secuaces de Pedro Castillo, que pretendió reponer en el gobierno al golpista mediante la violencia, la fiscal de la Nación Patricia Benavides, constituyó un equipo especial de fiscales para perseguir y encarcelar a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que habían impedido que esas hordas -azuzadas por Sendero Luminoso y otros grupos comunistas, y financiados por las economías ilegales-, cumplieran su propósito de imponer una dictadura como la venezolana o la nicaragüense en el Perú.

​Mediante la resolución 790 del 31 de marzo de 2023, se creó el “Equipo de fiscales especiales para casos con víctimas durante las protestas sociales”, EFICAVIP, integrado por 33 fiscales y 41 asistentes, dedicados exclusivamente a investigar, acusar y procesar a los miembros de las fuerzas del orden que, cumpliendo las órdenes del gobierno, salvaron al país del caos y el desastre.

​Los culpables de promover los disturbios, los financistas, los organizadores, los agitadores y los responsables de los asesinatos de militares y policías, los autores de graves delitos al haber atacado violentamente a las fuerzas del orden y haber destruido locales e instalaciones públicas y privadas, del bloqueo de carreteras y la muerte de inocentes, de asaltos a activos críticos nacionales, como aeropuertos, esos serán investigados por fiscalías ordinarias, que tienen muchos otros temas que tratar y que, además, son propensas a exonerar a esos delincuentes por simpatía, temor o desidia.

​En suma, un equipo de 74 funcionarios (que ahora debe haber aumentado), dedicado a tiempo completo únicamente a acosar, hostigar y atormentar a policías y militares que cumplieron con su deber, con el propósito de encarcelarlos o, por lo menos, de someterlos al tormento de procesos interminables que, además, arruinan sus carreras. Y nadie persiguiendo con esa intensidad a los verdaderos responsables de la violencia, las muertes y el intento de imponer una feroz dictadura en el Perú.

​Según un informe publicado por el anterior fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, a mediados de abril de 2024, el EFICAVIP había realizado 9,038 diligencias. A estas alturas deben ser unas 15,000. Muchas de esas diligencias incluyen largos interrogatorios a policías y militares. Han acumulado toneladas de papel.

​Los militares y policías perseguidos tienen que revisar 15, 20, 25 tomos de los expedientes de cada carpeta fiscal que los involucra.

​Porque a ellos les abren 8, 10, 12 carpetas fiscales a cada uno. Y en cada acusación piden 12 o 15 años de prisión. Es decir, a un policía que estuvo, por ejemplo, en Puno o Ayacucho, le abren una carpeta fiscal por cada día que estuvo allí, porque –dicen los fiscales- en cada ocasión hay afectados diferentes.

​Los fiscales del EFICAVIP son provisionales, si no hacen lo que les ordenan, maltratar a los miembros de las fuerzas del orden y acusarlos, los despiden. Además, si no los procesan, se quedan sin trabajo

​La fiscalía no tiene arreglo. Se requieren soluciones radicales.