La fiscal de la Nación ha impugnado dos leyes ante el Tribunal Constitucional (TC), la que precisa los alcances de la lesa humanidad y la que devuelve la investigación preliminar a la Policía Nacional. Esas dos normas son decisivas para la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, pero a la fiscalía no le gusta. Prefieren que crezca la delincuencia y eventualmente el terrorismo.

​Naturalmente, la fiscal de la Nación está en su derecho al impugnar esas normas. Es más, lo único que corresponde hacer en ese caso, si no le gustan esas leyes, es recusarlas ante el TC, y no hacer lo que hizo, junto con sus otros colegas, pretender desacatar la ley emitiendo un reglamento para burlarla.

​De hecho, muchos fiscales, siguiendo las directivas de la Junta de Fiscales Supremos y ese ilegal reglamento, no están cumpliendo con la ley que devuelve la investigación preliminar a la Policía Nacional, como era antes y como es en todos los países civilizados del mundo. Por eso, con los congresistas José Cueto y Alfredo Azurín hemos presentado una acusación constitucional contra todos los fiscales supremos.

​También hay que señalar que hay una falta de liderazgo en la PNP, que muchas veces se deja avasallar por los fiscales queno se atienen a la ley, en lugar de exigir y hacer cumplir la norma vigente.

​Como es conocido, los fiscales no saben investigar y su pésimo desempeño en ese campo es una de las principales razones del aumento incontrolable de la delincuencia.

​ En lo que respecta a la ley que precisa los alcances de la lesa humanidad, reiterando lo que dice la Constitución –las leyes no son retroactivas-, ni fiscales ni jueces la han acatado hasta el momento y siguen procesando y sentenciando a miembros de las fuerzas del orden que derrotaron al terrorismo.

​Ufanándose de su control del sistema judicial y su desprecio a las leyes, el abogado Carlos Rivera del IDL publicó un tuit donde dice: “Terminó el año 2024 y el Poder Judicial no aplicó en ningún caso la ley de prescripción (sic) de crímenes de lesa humanidad de Rospigliosi y Cueto.” (2/1/25).

​Es mentira que esa ley prescriba los crímenes de lesa humanidad, lo que hace es precisar que ese criterio está vigente desde 2002, cuando el Congreso peruano lo aprobó.

​Lo significativo es que IDL alardea públicamente de su dominio del sistema judicial para pisotear la Constitución, las leyes y el sistema republicano de división de poderes.

​La mafia caviar no tiene respaldo popular y su estrategia ha sido enquistarse en el sistema judicial, el único poder del Estado no elegido, para desde allí mantener una gran influencia política, usándolo para perseguir a sus adversarios y proteger a sus amigos y allegados. Y, a la vez, hacer grandes negocios, pues muchos recurren a estudios de abogados de esa mafia conociendo la enorme influencia que tienen en el sistema judicial.

​Se requieren soluciones radicales.