Hace 20 años, el 1 de enero de 2005, un sujeto desquiciado, Antauro Humala, al frente de una banda de desadaptados, asaltó la comisaría de Andahuaylas, secuestró a decenas de policías, y luego asesinó brutalmente a cuatro efectivos del Escuadrón Verde que fueron enviados desde Lima para debelar la asonada.

​Dijo que pretendía derrocar al gobierno de Alejandro Toledo. En realidad, estaba resentido porque pocos días antes, su hermano Ollanta, que en ese momento se desempeñaba cómodamente como agregado militar en Corea del Sur, había sido pasado a retiro.

​Ambos habían protagonizado una opereta en octubre de 2000, simulando un levantamiento militar en Locumba, Moquegua, contra el gobierno de Alberto Fujimori –que ya había convocado a elecciones para 2001-. Después se supo que esa comedia había sido orquestada por Vladimiro Montesinos como una maniobra distractiva, ya que el mismo día huía del Perú.

​En ambos casos, Antauro Humala se entregó cobardemente, pero en Andahuaylas, luego de haber asesinado vilmente a cuatro muchachos.

​Fue procesado y sentenciado a 25 años de prisión, que debieron cumplirse el 2030. No obstante, salió en libertad ilegalmente el 2022, por decisión del corrupto comunista Pedro Castillo. Y, porque debido a la influencia de su hermano, el 2011, el caviarizado sistema judicial le redujo la pena.

​Últimamente se ha pretendido que con una reforma constitucional se podría impedir que ese delincuente postule a un cargo electoral. No obstante, varios juristas han señalado que eso no procedería, porque las leyes no son retroactivas.

​Pero se sigue machacando una mentira con intereses políticos y electorales: que Fuerza Popular (FP) no quiso que se aprobara un dictamen de la Comisión de Constitución para incluir un artículo que prohíba la participación en elecciones de aquellos que atentan contra la democracia.

​En verdad, ese proyecto, con diversas variantes, se ha discutido desde diciembre de 2023 en el Pleno del Congreso y nunca hubo los 87 votos necesarios para aprobarlo por la oposición de comunistas, caviares y otros. Se ha evitado su archivamiento definitivo con un cuarto intermedio, tres cuestiones previas y una reconsideración. FP siempre estuvo a favor.

​La última vez, el 13 de diciembre, hubo varias ausencias de FP, pero aún con la participación de todos, se estaba muy lejos de los 87 votos necesarios. Pero sí se corría el riesgo de llegar a 66 y por tanto ir a un referéndum que habría servido para que el asesino “no solo se victimice sino se martirice” (Fernando Vivas, El Comercio, 22/12/24). Es decir, darle una publicidad desmesurada en una campaña de meses sobre ese tema. Un absurdo.

​La verdad, es que una correcta decisión judicial está a punto de excluirlo.

​El asunto es que hay políticos y analistas que creen que el electorado peruano podría votar por un delincuente que tiene, como único mérito en su hoja de vida, el haber asesinado a cuatro jóvenes policías en una asonada descabellada. Un drogadicto que vocifera propuestas delirantes. Esa es la situación.