El 26 de diciembre salió en libertad el general EP (r) Juan Rivero Lazo, después de más de 25 años de injusta prisión. El Tribunal Constitucional (TC) ordenó su inmediata liberación porque ya había cumplido en exceso las penas que le impusieron jueces caviarizados por delitos que no cometió.

​El caso de Rivero Lazo se convirtió en emblemático porque concentraba todos los abusos posibles cometidos contra un militar. Lo sentenciaron por autoría mediata, que es la fórmula usada por magistrados prevaricadores para condenar sin pruebas a miembros de las fuerzas del orden.

​Rivero Lazo fue Director de Inteligencia del Ejército (DINTE) y le atribuyeron delitos con los cuales no tuvo nada que ver. Es decir, jamás pudieron demostrar que él diera una orden para realizar una acción ilegal, como es indispensable que se acredite en la justicia penal.

​No obstante, lo sentenciaron a largas penas de prisión. Según han denunciado reiteradamente sus familiares, en realidad la mafia caviar que controla el sistema judicial lo necesitaba para condenar a Alberto Fujimori, estableciendo una cadena de mando que pasaba por el Comandante General del Ejército, Rivero Lazo y los directos responsables, los miembros del llamado Grupo Colina.

​El caso más sonado, fue el de La Cantuta. El Grupo Colina detuvo a 9 estudiantes y un profesor de esa universidad, luego del feroz atentado de Tarata- donde Sendero Luminoso asesinó y mutiló con un coche bomba a decenas de civiles inocentes-, y luego los ejecutó extrajudicialmente. Como demostró el periodista Ricardo Uceda, que fue el que reveló ese caso, la decisión de esa ejecución la tomó en el momento el jefe del pelotón militar, sin que fuera producto de una orden superior.

Años después, se ha conocido que los muertos eran, en efecto, miembros de Sendero Luminoso, según testimonios de otros estudiantes y profesores de esa universidad, lo cual, por cierto, no justifica los asesinatos.

La mafia caviar enquistada en el sistema judicial persiguió implacablemente a Rivero Lazo atribuyéndole ese y otros supuestos delitos, con la finalidad de mantenerlo en prisión indefinidamente para que muera en la cárcel.

Le han abierto un proceso tras otro, ilegalmente, juzgándolo y sentenciándolo hasta el mes pasado por hechos que, de haberse cometido, ya habrían prescrito hace mucho tiempo.

Lo tuvieron con prisión preventiva, antes de sentenciarlo, por más de una década, sin que para Rivero Lazo estuvieran vigentes los derechos humanos que reclaman los caviares para los terroristas y para delincuentes de toda laya.

Por eso su caso es emblemático y es saludable la justa decisión del TC –elegido por el actual Congreso, para furor de la mafia caviar- que lo ha liberado.

Pero todavía quedan centenares de militares y policías que derrotaron al terrorismo, presos y procesados. Y otros 350, que impidieron a fines de 2022 y principios de 2023 que las hordas violentas azuzadas por terroristas repusieran en el gobierno al golpista Pedro Castillo, investigados y procesados.

La batalla continúa.