Algunos hechos recientes muestran el nivel de degradación al que ha llegado la Policía Nacional. El sub oficial Darwin Condori presuntamente se suicidó después de haber violado, asesinado y descuartizado a una joven. Lo grave es que tenía cómplices y, según los informes, antecedentes de violaciones grupales que, al parecer, habían sido encubiertas por otros policías.

​El asunto es que cotidianamente se encuentra a miembros de la PNP implicados en hechos delictivos como este: “Detienen a 5 policías por cobrar coima a empresario”. (Expreso, 6/12/24). Si bien es cierto que fueron apresados por miembros de otra unidad policial, eso no disminuye la gravedad de los hechos.

​En la fiscalía las cosas son iguales o peores. Recientemente fue detenida Elizabeth Peralta, fiscal superior de lavado de activos y pérdida de dominio, por su participación en el caso “Chibolín”.

​La fiscal superior Karla Salazar robó descaradamente un morral con dos mil soles y un par de celulares en el aeropuerto Jorge Chávez. Ese el nivel de magistrados que hoy, con el nuevo Código Procesal Penal, tienen un inmenso poder.

​Por no mencionar a Rafael Vela y José Pérez -ahora investigados por varios delitos-, que favorecieron descaradamente a empresas y empresarios corruptos, y persiguen ilegalmente a personas como Ricardo Briceño y otros funcionarios. Y a las cochinadas denunciadas en el Eficoop, con la fiscal Marita Barreto y su cómplice, el esbirro policial.

​Según la Inspectoría PNP, hasta noviembre de este año se han impuesto sanciones a 3,449 efectivos. Han sido detenidos 1,397 por la presunta comisión de delitos, y han sido pasados a retiro por medida disciplinaria 982.

​Una de las causas de este deterioro de la moral policial es la equivocada política de “más policías”, a cualquier precio. Sucesivos gobiernos ceden a la presión de la opinión pública, de medios de comunicación, y autoridades locales y regionales, que reclaman más escuelas policiales y más policías.

​El resultado es que los filtros para el ingreso se relajan y la formación es cada vez peor. En esa disyuntiva, hay que optar por la calidad y no por la cantidad, cerrar escuelas y concentrarlas, y establecer requisitos más rigurosos.

​Otro de los problemas es el largo y engorroso proceso para sancionar a los que delinquen. Eso se debe a que el sistema judicial ordena reponer a los policías sancionados que no han podido apelar en diversas instancias internas.

​El asunto es que la policía, aquí y en cualquier parte, es especialmente propensa a la penetración de la corrupción, porque los efectivos tienen que estar en contacto permanente con los delincuentes, precisamente para poder investigar y combatir el delito. Un ángel bajado del cielo sería un ineficaz agente policial, porque no conocería ni el medio ni a los individuos que hay que enfrentar.

​Por eso es particularmente importante tener una enérgica política anticorrupción y unidades encargadas de esa tarea, como la Oficina de Asuntos Internos. Lamentablemente no se le ha dado la suficiente prioridad en los últimos años.