Nuevamente la politizada y prevaricadora juez Miluska Cano, junto con otros dos magistrados cómplices, ha sentenciado ilegalmente a varios militares por supuestos delitos cometidos hace 32 años.

​Ha desacatado expresamente la ley 32107 que reitera lo que dice la Constitución, que las leyes no pueden aplicarse retroactivamente, cometiendo el delito de prevaricato, con la declarada intención de continuar con las represalias contra los militares que derrotaron al terrorismo.

​La juez Cano quiere ascender a la Corte Suprema o convertirse en presidente de la Corte Superior de Lima, así es que adelantó la sentencia contra los militares. De esa manera, hace méritos en el sistema judicial, controlado por los caviares, para trepar un peldaño.

​Al general EP (r) Juan Rivero Lazo le han impuesto una nueva condena de 20 años, Rivero tiene 83 años y ha pasado más de 23 años injustamente en prisión. Nunca le han podido probar ningún delito y han recurrido al manido argumento de la “autoría mediata” para sentenciarlo sin evidencia alguna.

​El perverso mecanismo que usan, es abrirle a él, y a todos los militares que acusan, nuevos procesos por hechos ocurridos hace más de 30 o 40 años. De esa manera los están sentenciando, en la práctica, a prisión perpetua.

​Es la venganza de los herederos del terrorismo y la mafia caviar contra quienes los derrotaron y evitaron que el Perú se convirtiera en otra Cuba o Corea del Norte.

​Ese mismo sistema judicial aplica otras normas a los terroristas. Por ejemplo, en una sentencia de 2015, la Corte Suprema (César San Martín, Jorge Salas Arenas, etc.) eximió de responsabilidad a dos terroristas de Sendero Luminoso que habían asesinado a un comunero,declarando prescrito el delito, porque al momento de cometerse, en 1983, la prescripción era de 20 años.

​Es decir, para los terroristas, se aplica la ley y la Constitución cuando los favorece. Pero para los militares, no.

​A los terroristas tampoco los persiguen eternamente. Peter Cárdena Schultz, un criminal del MRTA culpable de muchos asesinatos y de secuestros con horribles torturas que terminaron con la muerte de empresarios plagiados, fue capturado por la policía, cumplió su condena y desde hace años vive confortablemente en Europa, mimado por los progresistas del primer mundo.

​A él, y a muchos otros terroristas de SL y MRTA, el caviarizado sistema judicial no los persigue perpetuamente como a los militares. La diferencia es obvia e indignante.

​Los militares y policías que derrotaron al terrorismo tuvieron que enfrentar a un enemigo feroz, que se mimetizaba con la población civil y la usaba como escudo. En esa guerra se cometieron errores. Pero no se puede equiparar a los que defendían a la sociedad y el Estado, a los que salvaron al Perú de caer en las garras de criminales, con esos delincuentes que pretendían esclavizar al país.

​Los militares deben ser liberados y los magistrados prevaricadores sancionados.

(Publicado en Expreso 2/12/24)