La venganza de los caviares contra los militares y policías que derrotaron al terrorismo continúa imparable.

​La juez Miluska Cano, una de las más caracterizadas persecutoras de las fuerzas del orden, está acelerando los procesos y condenando sin pruebas a muchos militares por sucesos ocurridos hace tres o cuatro décadas, violando contoda impunidad la Constitución y la ley 32107, que precisa los alcances de la lesa humanidad.

​Por ejemplo, han sentenciado al general EP (r) Raúl O´Connor a 12 años de prisión por un hecho ocurrido en 1990 en Ayacucho. Como en casi todos los casos, no existe ninguna evidencia de que O´Connor tuviera participación alguna en el suceso que le imputan. Solo por el cargo que ocupaba en ese momento -Jefe de Estado Mayor Operativo-, lo han condenado.

​Al almirante MGP (r) Alberto Rivero, de 82 años, la sala que preside la juez Cano lo sentenció a 18 años de cárcel.

​La semana pasada estuve en el penal Virgen de las Mercedes donde se encuentran recluidos militares que lucharon contra las hordas terroristas y hoy son víctimas de la venganza de los herederos de esos terroristas. Allí está Roberto Cruzada Yalopoma, un soldado raso que tenía pocos meses en servicio militar obligatorio y que estaba destinado a Ayacucho.

​Lo han sentenciado ilegalmente a 18 años de cárcel por un hecho ocurrido en 1989, aduciendo que cometió un delito de lesa humanidad. Él no tiene recursos para contratar un abogado y el Ejército no lo ha defendido, como a casi ninguno de los militares perseguidos.

​También el coronel EP (r) José Antonio Esquivel, condenado sin prueba alguna a 15 años de prisión por un hecho sucedido en 1984.

​En el penal está también el general EP (r) Juan Rivero Lazo, que lleva más de 23 años de injusta carcelería al que le atribuyen, sin ninguna evidencia, la “autoría mediata” de diversos delitos. El asunto es que, a Rivero Lazo y a casi todos los militares, los están sentenciando en realidad a cadena perpetua. Quieren que los militares octogenarios o nonagenarios mueran en prisión.

​Porque constantemente les abren nuevos procesos, de tal manera que, aún que hayan cumplido una de las injustas e ilegales sentencias que les impusieron, continúen encarcelados hasta el fin de sus días.

​También me reuní la semana pasada con militares investigados y procesados -que todavía están libres- y familiares de otros perseguidos.

​Estaba el general EP (r) Marciano Rengifo, de 90 años, al que el año pasado lo han involucrado por sucesos ocurridos en 1988 en Apurímac, cuando el era jefe de la IV Región Militar (Cusco). La fórmula es la misma, autoría mediata y lesa humanidad.

​Desgraciadamente las instituciones castrenses no han hecho lo suficiente por defender a sus miembros que, cumpliendo órdenes de sus superiores y de las autoridades de los sucesivos gobiernos, lucharon contra las bandas terroristas y las derrotaron, impidiendo que el Perú sea avasallado por esos sanguinarios criminales.