La minería ilegal se ha convertido en una de las principales amenazas a la seguridad nacional. Según algunos estimados, ya mueve más dinero que el narcotráfico, a pesar que el Perú es el segundo productor de cocaína en el mundo.

​Es más, la minería ilegal está asociada con el tráfico ilícito de drogas, porque los narcotraficantes también lavan dinero comprando oro ilegal al que blanquean y exportan con facilidad. De esa manera, el dinero proveniente de la cocaína resulta depositado en una cuenta legal en el extranjero sin mayores problemas.

​Un asunto decisivo para explicar el florecimiento incontrolado la minería ilegal, es el mecanismo que se estableció en el 2012, en el gobierno de Ollanta Humala,con el pretexto de formalizar a los pequeños mineros artesanales y, supuestamente, luchar contra la minería ilegal.

​Todo ese fracasado proceso ha dado lugar a la existencia del Reinfo (Registro Integral de la Formalización Minera), que se ha convertido en una patente de corso para que la gran minería ilegal blanquee el mineral que obtiene delictivamente, a vista y paciencia de las autoridades. Porque no se trata de pequeños minerosartesanales, sino de grandes delincuentes que usan maquinaria pesada que cuesta millones de dólares para practicar su  ilícito negocio.

​En pocas palabras, el Reinfo es un papel que permite a mineros ilegales trasladar y procesar legalmente miles de toneladas de mineral extraídos ilegalmente, sin que puedan ser intervenidos. Existen casi 85,000 de esos registros, que fueron otorgados a supuestos mineros artesanales. De esos, solo 2,081 han completado su proceso de formalización.

​Pero a pesar que se cumplen los plazos y no se formalizan, sucesivos gobiernos y congresos han venido prorrogando los vencimientos del Reinfo.

​Hay casos escandalosos como el de minera La Poderosa, en Pataz, La Libertad. Su concesión ha sido invadida impunemente por mineros ilegales que no solo perforan túneles con maquinaria pesada en el ámbito de esa empresa, sino que aprovechan las vetas que están siendo explotadas por ella entrando con bandas de delincuentes fuertemente armados, expulsando a los trabajadores de Poderosa y robando descaradamente el oro de la mina.

​En ese proceso han asesinado hasta la fecha a 18 trabajadores, y herido y mutilado a muchos más.

​Para ello cuentan con la complicidad de las autoridades regionales, porque la minería artesanal –es una ficción- depende de las Drem (Dirección Regional de Energía y Minas).

​Para combatir esta amenaza a la seguridad nacional se requieren varias cosas: que el Congreso no apruebe la postergación de la caducidad del Reinfo (31 de diciembre de 2024); que sean los organismos del gobierno central y no los gobiernos regionales los que asuman la responsabilidad de la minería artesanal. Y que el gobierno asuma un compromiso enérgico y firme para enfrentar a las omnipresentes organizaciones de minería ilegal, combatiendo toda su cadena de producción.

​En síntesis, la minería ilegal constituye una gravísima amenaza a la seguridad nacional que no puede ser obviada con pretextos políticos.