​En un reciente artículo, Jaime de Althaus se refiere a la acusación contra Fuerza Popular, Keiko Fujimori y medio centenar de ciudadanos. Él señala que “es escandaloso que no haya sido sobreseído. No solo porque nunca debió abrirse, pues las donaciones de campaña no eran delito y tampoco configuran lavado de activos, (…) lo que significa que, si llevó adelante, fue solo por razones políticas y con arbitrariedad mayúscula.” (“El caso Cocteles debe ser archivado”, El Comercio, 17/8/24).

​Y añade, “sino también porque, agravando lo anterior, el proceso mismo tiene fallas estructurales que hacen imposible llevar a cabo el juicio oral. (…) En esencia, la acusación no tiene los requisitos mínimos establecidos en el Código Procesal Penal para poder acusar, de modo que el juez de control no debió determinar la apertura del juicio, sino archivar la causa.”

​El asunto es entonces ¿por qué el juez que debió archivar la causa no lo hizo y pidió subsanar los errores del fiscal José Pérez 12 veces cuando la subsanación solo puede realizarse una vez? ¿Por qué permitió que se hiciera de manera oral y no por escrito como establece la ley?

​Y así, una interminable lista de violaciones a la legislación vigente y al sentido común, como por ejemplo que se tendría que convocar a más de mil testigos en el juicio oral.

​El asunto entonces es ¿cómo han podido cometerse estos monstruosos atropellos y abusos usando el sistema judicial como instrumento?

​¿Cómo un individuo como Pérez, ignorante y mediocre -no pasó el examen para convertirse en juez-, que ha perpetrado un mamotreto de miles y miles de páginas sin siquiera poder precisar las acusaciones a cada uno de los imputados, puede seguir durante años persiguiendo injustamente a tanta gente?

​¿Cómo Pérez y Rafael Vela, que han fracasado estrepitosamente en el mayor caso de corrupción de la historia reciente, permitiendo que Odebrecht y sus funcionarios queden impunes, pueden permanecer en la fiscalía cometiendo más tropelías todos los días?

​La respuesta es que ellos son instrumentos de la mafia caviar, que ha infiltrado y controlado el sistema judicial, sobre todo desde el 2018, cuando estableció una repugnante alianza con el Lagarto -la coalición vizcarrista-, y que los utiliza en función de sus intereses políticos.

​Como carecen de respaldo popular, han capturado a través de un trabajo de zapa, el único poder no elegido, el sistema judicial, y lo usan ilegal e impúdicamente para perseguir a sus enemigos y proteger a sus amigos.

​Y ahora, con todo desparpajo, lo utilizan en abierta violación del fundamento del sistema republicano, la división de poderes. Impunemente reponen a Zoraida Ávalos en la junta de fiscales, a Inés Tello y Aldo Vásquez en la JNJ, a pesar que fueron legalmente sancionados por el Congreso. Y pretenden desacatar la ley que precisa los alcances de la lesa humanidad.

​Para preservar la república es indispensable desalojar esa lacra del sistema judicial.

(Publicado en Expreso el 19/8/24).