El viernes pasado, un abigarrado grupo de extremistas y sinvergüenzas —como el ex ministro Alejandro Salas, ahora representante del partido del Lagarto—, unidos en el propósito de generar violencia y caos para derrocar al gobierno, convocaron a un paro nacional que resultó en un completo fracaso.

Integraba ese variopinto consorcio, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, un ente político que finge defender derechos y recibe financiación del extranjero.

La fecha elegida, 19 de julio, fue un nuevo intento de rememorar el mítico paro del 19 de julio de 1977, que remeció a la dictadura militar de aquel entonces y aceleró el proceso de “transferencia del poder a los civiles” que se concretó tres años más tarde.

La huelga de julio 1977 fue, en realidad, básicamente limeña, porque en el sur se habían realizado eventos similares varias semanas antes y en el norte no se sintió mucho. Pero fue un evento trascendente porque realmente paralizó la capital y culminó con muertos y heridos por los enfrentamientos de los manifestantes con el Ejército y la Policía.

Una característica de ese paro fue, aunque parezca perogrullada, que los trabajadores no asistieron a laborar, ya sea por decisión propia o porque no pudieron llegar a sus centros de trabajo por las manifestaciones y bloqueos. En esa época, había muchas fábricas y empresas, y el número de trabajadores había crecido exponencialmente, así como el de sindicatos.

Las represalias del gobierno militar devastaron las organizaciones laborales. Miles de sindicalistas fueron despedidos. Y luego, el fracaso de la política de industrialización artificial y sustitución de importaciones, terminó con el auge sindical.

Ahora los que convocan a un paro ni siquiera intentan que los trabajadores dejen de ir a laborar porque saben que los sindicatos casi no existen y los que aún viven carecen de fuerza. Lo único que pretenden es atacar y provocar a las fuerzas del orden y producir hechos violentos para llamar la atención.

Fracasaron el 19 pero volverán a intentarlo dentro de unos días, porque los cabecillas son impunes, no pierden nada incitando al desorden y la violencia.

Otro sí digo: El Congreso rechazó la absurda acusación de la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides contra Dina Boluarte por su responsabilidad en los disturbios de fines de 2022 y principios de 2023, cuando turbas incitadas por senderistas y financiadas por economías ilegales, asaltaron aeropuertos, comisarías, instalaciones públicas y privadas, tratando de reponer por la violencia al golpista Pedro Castillo.

No obstante, la fiscalía va a procesar a 154 policías y militares por haber defendido la legalidad e impedido que el gobierno fuera derrocado, como pretendían los subversivos. Intentan amedrentar a las fuerzas del orden para que no actúen con firmeza en futuras algaradas.

Esos atropellos del sistema judicial caviarizado son intolerables y deben cesar. Se requieren soluciones radicales.