La fiscalía, y en general el sistema de justicia, se ha convertido en una madriguera controlada por los caviares que usan las instituciones para sus protervos fines políticos.
En el camino, han desnaturalizado esas organizaciones que están politizadas, corrompidas y convertidas en campos de Agramante. Una de las consecuencias es el desbocado incremento de la delincuencia. Todos los días fiscales y jueces liberan malhechores, al tiempo que persiguen y se ensañan con miembros de las fuerzas del orden que cumplen con su deber.
La mafia  caviar no vacila en violar la Constitución y las leyes para conseguir sus objetivos, destruyendo la débil institucionalidad.
La última ha sido la ilegal restitución de la impresentable Zoraida Ávalos en la fiscalía, a pesar que ya el Tribunal Constitucional ha establecido claramente que ningún juez puede interferir en una atribución del Congreso, que sancionó a la compinche del Lagarto inhabilitándola por diez años para la función pública.
La penúltima fue la ilegal destitución de la fiscal Patricia Benavides a manos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) -un engendro de la coalición vizcarrista-, a pesar que, como han señalado destacados juristas, ella es una funcionaria aforada. Es decir, se necesitaba que el Congreso autorizara un proceso en su contra, cosa que no ocurrió.
Cuando se trata de defender sus sórdidos intereses, los caviares no vacilan, arrasan con la legalidad y se aconchaban con individuos y grupos de la más baja calaña.
Con esos métodos, la mafia  caviar ha logrado un poder inmenso en los últimos años, a pesar que carecen de respaldo popular. Cuando participan en elecciones sus resultados son ínfimos.
Por eso ahora se han afincado en el único poder del Estado que no es elegible por voto popular, el sistema judicial.
Como es obvio, si los mecanismos legales y constitucionales son pisoteados cotidianamente y la mafia  caviar sigue ilegalmente atrincherada en la fiscalía y el Poder Judicial, la crisis política que paraliza el país seguirá indefinidamente.
Se requieren soluciones radicales.
Otrosí digo. La semana pasada, el general PNP Manuel Lozada denunció indignado que un fiscal liberó en Cañete a una banda de delincuentes, capturada con armas ilegales, dedicada a la extorsión, al gota a gota, uno de los delitos que ha crecido exponencialmente en el último tiempo y que aterroriza a miles de peruanos. El general Lozada dijo que habían proporcionado al fiscal “pruebas contundentes de que se trata de este delito de gota a gota y termina dándoles libertad”. Y añadió que “el abogado defensor de estos delincuentes es un exfiscal. ¡Qué casualidad que así sea! Ese es el brazo legal de esa organización criminal.” El fiscal que dejó libres a los delincuentes trató, además, de intimidar a Lozada.
Es indispensable que el Congreso apruebe a la brevedad posible la ley que devuelve la investigación preliminar a la policía, como era antes y como es en todos los países civilizados del mundo.