El caso del policía Elvis Miranda es una muestra clara de por qué la delincuencia está avanzando imparable, aterrorizando a millones de peruanos. Él abatió en Piura a un delincuente que acababa de asaltar a un ciudadano. Una fiscal y un juez lo enviaron de inmediato a prisión preventiva, al tiempo que liberaron en ese instante al cómplice del malhechor fallecido, que había sido plenamente identificado por el agraviado y había reconocido el delito.
Ahora la fiscalía está pidiendo tres años de prisión efectiva para el policía que cumplió con su deber.
El cómplice del ladrón fallecido no pasó ni un día en la cárcel. Los benévolos magistrados lo sentenciaron luego a dos años de prisión suspendida, a pesar que fue capturado en flagrancia y habiendo disparado a los policías que lo perseguían.
Al parecer, no se trata solo de ideología sino también de corrupción. Los delincuentes implicados estaban vinculados a una red de tráfico de terrenos y hay magistrados de la región involucrados.
A Elvis Miranda lo encarcelaron de inmediato, aduciendo que no tenía arraigo ni trabajo, pretextos absurdos porque vivía con su familia y era -y es- policía. Pudo salir después de un mes gracias a un habeas corpus y a una campaña de apoyo que evidenció la injusticia.
En ese momento la PNP y el Ministerio del Interior lo defendieron, cosa que lamentablemente no ocurre en muchos otros casos. Ahora también lo están apoyando.
Este desempeño del sistema de justicia disuade a los policías que se enfrentan diariamente a una delincuencia cada día más violenta.
Un factor importante que está permitiendo que este tipo de atropellos sucedan con frecuencia, es el nuevo Código Procesal Penal que le ha quitado a la policía la investigación preliminar, otorgándoles a los fiscales atribuciones que emplean desatinadamente para favorecer a la delincuencia y perjudicar a la policía.
Ya está en discusión en el Congreso un proyecto de ley que devuelve la investigación preliminar a la PNP, como era antes y como ocurre en todos los países civilizados del mundo.
Es urgente aprobarlo.
Otrosí digo. El jueves pasado el Congreso aprobó la ley de legítima defensa, que exime de responsabilidad penal a las personas que se defienden en su vivienda, oficina, vehículo, etc. de una agresión delincuencial. La norma reitera también que no rige el absurdo criterio de proporcionalidad en estos casos (la proporcionalidad para civiles ya fue cambiada por racionalidad en una ley de 2004 que propuse en esa ocasión desde el Mininter).
También impide que jueces y fiscales dicten prisión preventiva a los que han usado la legítima defensa para enfrentar a los agresores.
Es un avance importante. No obstante, el problema sigue siendo la aplicación de la ley en manos de operadores de justicia caviarizados, sin criterio o corruptos.
La iniciativa legislativa la presentó Patricia Chirinos y fue destrabada en la Comisión de Justicia, donde estaba encarpetada, por Américo Gonza.
Solo votaron en contra un puñado de comunistas y caviares.