La semana pasada el jefe de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, incidió, nuevamente, en un tema fundamental que explica, en parte, la ola delincuencial cada vez más violenta que está aterrorizando a los ciudadanos: la permisividad del sistema judicial que libera sistemáticamente a los delincuentes que la PNP captura luego de laboriosos procesos de investigación y de operativos que movilizan a muchos efectivos.
Es decir, toda la inversión que significa la identificación y captura de bandas delincuenciales se pierde en pocos instantes cuando fiscales y jueces los dejan en libertad, para que sigan robando, extorsionando, violando, asesinando.
Porque la impunidad alienta el delito. Y, como es evidente, la enorme proporción de delincuentes capturados que quedan incólumes por la lenidad y/o corrupción de los operadores de justicia, incita a los liberados y a otros a cometer delitos.
En palabras del general Zanabria: “Tenemos severos problemas en la lucha penal contra la criminalidad, lamentablemente tenemos 15 organizaciones criminales que han sido detenidas con armas, explosivos, cuadernos extorsivos y muchas otras pruebas de la participación en el sistema de gota a gota y de extorsión, y han salido en libertad”.
Y agregó que “menos del 5% (de capturados) llega al sistema penitenciario”.
Un motivo fundamental para que se esté produciendo este aberrante fenómeno, es que el nuevo Código Procesal Penal (CPP) le quitó a la Policía una atribución básica, la investigación preliminar y se la transfirió a la Fiscalía.
El resultado de este grave error está a la vista, la delincuencia ha crecido exponencialmente, convirtiéndose en el problema principal que afecta a la mayoría de ciudadanos.
Como se ha demostrado fehacientemente en los últimos años, los fiscales no saben investigar, no tienen la preparación ni la capacidad para ello. Las consecuencias están a la vista.
En todos los países civilizados del mundo, la policía investiga y la Fiscalía procesa a los delincuentes. Así era en el Perú hasta hace algunos años. Pero como consecuencia de una corriente internacional “progresista”, izquierdista, caviar, que busca debilitar a la policía -en general a las fuerzas del orden-, se impuso en varios países de la región códigos similares.
En el Congreso, ya existe un proyecto de ley para devolver la investigación preliminar a la PNP que hemos presentado con Patricia Chirinos. Es urgente aprobarlo para contribuir a detener la ola delincuencial.
Algunos cándidos -y otros no tan ingenuos- objetan la propuesta arguyendo que existe corrupción en la PNP y que, por tanto, sería un error devolverle la investigación preliminar, el atestado policial. Eso es, por supuesto, absurdo. El obvio que hay corrupción en la policía, al igual que en la fiscalía y todas las instituciones del Estado.
Recientemente, se detuvo a un fiscal en flagrante delito, cobrando una coima. Y hay muchos casos similares, amén de la espantosa crisis que atraviesa todo el Ministerio Público, con escándalos diarios.
Esa no es razón, pues, para oponerse a una necesidad perentoria para ayudar a los peruanos.