Sesenta policías están procesados –en algunos casos sentenciados a penas de 35 años- por haberse enfrentado y abatido a delincuentes en nueve operaciones distintas. Un fiscal, Álvaro Rodas, junto con un oficial PNP, Franco Moreno Panta, se coludieron y urdieron una trama para acusar a ese numeroso grupo, según los familiares y abogados de los policías.

En un momento crítico, en 2016, contaron con el apoyo del grupo caviar que dirigía el Ministerio del Interior, que intervino decisivamente para desatar la persecución a los policías que –según su versión- combatieron a las bandas delincuenciales en diferentes puntos del país.

El que inició y propició las acusaciones, e inventó la especie que todos esos efectivos pertenecían a un supuesto escuadrón de la muerte, fue el actual coronel Moreno Panta, cuyo hermano, el teniente PNP Franco Moreno Goyeneche y otros dos suboficiales, integraban una presunta banda de delincuentes que iba a secuestrar a un empresario en Puente Piedra, y fueron abatidos por otros efectivos policiales cuando trataban de perpetrar el delito. Otro delincuente civil también cayó en ese enfrentamiento.

Dos delincuentes más que integraban esa banda y fugaron, fueron luego sentenciados, evidenciando que se trataba de una gavilla de malhechores.

Una prueba de que hubo un enfrentamiento en Puente Piedra y no fue una ejecución extrajudicial, como aducen el fiscal Rodas y el coronel Moreno, es que el suboficial de la SUAT John Ataucuri fue herido -y quedó lisiado- por los forajidos, que estaban armados y dispararon a los policías que los trataron de reducir.

En Piura han sido condenados catorce policías a penas que fluctúan entre 21 y 35 años de prisión –incluyendo al presunto jefe del escuadrón, el comandante Raúl Prado Ravínez- por haber abatido a 4 delincuentes en un operativo efectuado el 27 de febrero de 2015. Ellos estaban armados y las pericias determinaron que todos habían disparado contra los policías. Ninguno de los impactos que recibieron los delincuentes fue realizado a corta distancia, lo que descarta la tesis de ejecución extrajudicial. Otros dos delincuentes fueron capturados y uno fugó.
A pesar de lo cual, la maquinaria judicial caviarizada, presionada por la campaña de prensa y las autoridades del Mininter –según denuncian los familiares-, los condenó.

La apelación en segunda instancia empezará en abril de 2024.

En estos casos y, en general en los 9 que involucran al supuesto escuadrón, las pericias que abonaban en favor de los policías fueron sistemáticamente descartadas; las acusaciones se basaron en declaraciones de colaboradores eficaces que fueron manipulados por la fiscalía, entre otras irregularidades, sostienen los abogados de los policías.
Cuando empezaron las denuncias sobre el presunto escuadrón, yo creí, equivocadamente, en ellas. Hace algunas semanas reconocí mi error públicamente en la SUAT y pedí disculpas por ello.
Este caso ha tenido un extraordinario impacto negativo en la policía y disuade a aquellos que tienen que combatir diariamente a la delincuencia. Es indispensable que el Poder Judicial rectifique su error y haga justicia a los policías.